Un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de nacionalización de los hidrocarburos emitido por Bolivia el 1 de mayo fue radicado en el Tribunal Constitucional (TC) boliviano el 4 de agosto, confirmó este jueves el mismo tribunal.
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La acción fue interpuesta por los congresistas opositores Sandra Añez, Gustavo Ugarte y Joaquín Pereira, que objetan una serie de artículos del decreto por el cual el presidente boliviano Evo Morales nacionalizó los recursos hidrocarburíferos del país, cuyo control estaba en manos de una veintena de multinacionales.
Según los congresistas, el decreto atenta contra la Constitución, por lo que pidieron al TC "declare la inconstitucionalidad" de la norma que revierte al Estado la riqueza gasífera boliviana, de 1,55 billones de m3, la segunda reserva de Sudamérica.
Morales recién se enteró ayer de la interposición de ese recurso contra su principal política y anunció un pronunciamiento en horas de la tarde.
El senador oficialista Gastón Cornejo tachó la demanda de los opositores de "traición a la patria" y acusó a la organización Podemos -la principal formación de oposición, encabezada por el ex presidente derechista Jorge Quiroga- de intentar frenar el proceso de nacionalización de hidrocarburos.
Se trata de "un recurso de inconstitucionalidad que Podemos presenta al Tribunal Constitucional para anular el gesto patriótico de la nacionalización de los hidrocarburos", afirmó Cornejo.
El recurso de inconstitucionalidad fue conocido horas después de que la mayoría opositora en el Senado boliviano censurara al ministro insignia de la nacionalización, Andrés Soliz, lo que le obligó a renunciar a sus funciones, tal como establece la Constitución.
Casi de inmediato Soliz fue ratificado en su cargo por el presidente Morales, que acusó a los senadores opositores de "vendepatrias, asesinos, masacradores y basura oligárquica".
Cornejo, que definió al ministro censurado como "hombre símbolo", denunció a "una concertación no contra Andrés Soliz, sino una concertación contra el pueblo de Bolivia en favor de las transnacionales" petroleras que operan en el país desde 1996.
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