Brasilia (EFE, AFP) - Una decisión que obliga a unificar las alianzas partidarias para comicios presidenciales y regionales puso ayer en emergencia a los partidos políticos brasileños, a siete meses de las elecciones generales.
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La polémica decisión del Tribunal Superior Electoral fue tomada de cara a los comicios del 6 de octubre próximo, cuando Brasil irá a las urnas para elegir un nuevo presidente, 27 gobernadores y renovar el Parlamento. Según lo aprobado, en respuesta a una demanda del minoritario Partido Democrático Laborista, aquellos partidos que establezcan coaliciones en torno a un candidato presidencial deberán mantener las mismas alianzas para las elecciones de gobernadores.
Hasta ahora, las coaliciones políticas de cara a las elecciones no tenían ninguna regulación y podían ser distintas en los planos nacional y regional. «Esa decisión va a entorpecer todas las negociaciones entre los partidos», dijo el presidente del Senado, Ramez Tebet, del Partido de la Social Democracia, al que pertenece el jefe de Estado, Fernando Henrique Cardoso.
El argumento del pequeño Partido Democrático Laborista ante el Tribunal fue la «necesidad» de poner freno a los caudillos que imperan en buena parte del interior de Brasil y establecen alianzas regionales en su propio beneficio.
«Es una provocación que cambia las reglas del juego en medio del partido», declaró el diputado Walter Pinheiro, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), la primera fuerza de la oposición. Según el virtual candidato presidencial del PT, Luiz Inácio Lula Da Silva, ese cambio no es más que «una aberración».
Por su parte, el diputado Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático, la mayor fuerza electoral del país, consideró que el Congreso puede enfrentar esa medida legislando en contra. «Existe la figura del decreto legislativo y el Congreso tiene que estudiar si cabe aplicarla en este caso», dijo Temer.
• Negociaciones
La modificación de las normas electorales fue tomada en momentos en que los partidos políticos negocian sus alianzas regionales y nacionales para los comicios de octubre.
Según coincidieron la mayoría de los partidos, de mantenerse en pie esa decisión deberán comenzar todas esas negociaciones de nuevo y en base a una realidad completamente distinta.
El analista Fernando Limongi, presidente del Centro Brasileño de Análisis y Planificación, afirmó que las autoridades electorales le están imponiendo un «corset» a los partidos. La dirección nacional del PT, que en la última jornada lanzó su proyecto de gobierno en materia de seguridad pública, en el que propone que un organismo nacional centralice las acciones para garantizarla y no dejarlas únicamente en manos de los Estados, anunció que irá a la Justicia para intentar derrumbar la decisión, basándose en su supuesta inconstitucionalidad. «La Constitución dice muy claro que las normas de las elecciones se deben definir un año antes de su celebración», dijo el diputado Pinheiro, quien confió en que su partido demandará en tribunales con el apoyo de otras fuerzas políticas.
Además de esa acción judicial, los partidos políticos acordaron la creación de una comisión especial en el Senado, que a partir de hoy comenzará a estudiar la posibilidad de anular la decisión del tribunal electoral mediante una enmienda constitucional, que sería debatida y aprobada con carácter de urgencia.
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