Chávez negó, además, que fuera responsable de los asesinatos que se produjeron en los hechos del 11 de abril, previo al golpe de Estado frustrado. Según dijo, «hay suficientes pruebas» que lo eximirían de responsabilidad en esas muertes.
Un grupo de familiares de los entre 12 y 24 manifestantes asesinados anunció que hará una presentación ante el Tribunal Supremo por «genocidio». Los chavistas acusan a la policía municipal de Caracas, cuyo alcalde es opositor a Chávez, y a otros grupos armados de provocar esos disturbios y armar un escenario para sacarlo del poder. Aún está pendiente de formación una «comisión de la verdad» que el Congreso debía haber nombrado, un signo de que -a dos meses del golpe-, para los opositores, a Chávez no le interesa formarla.
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