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Las afirmaciones de Rangel, realizadas ante el Congreso de su país el pasado 9 de abril en respuesta a las denuncias de los campesinos, motivaron una carta de protesta que tres días después envió la canciller colombiana, Carolina Barco, a su homólogo Roy Chaderton.
La nota de protesta recibió como respuesta una ratificación de Rangel en sus acusaciones contra Bogotá, lo que caldeó aun más los ánimos en Colombia, donde líderes políticos y personalidades exigieron al gobierno de Uribe que reaccionara con firmeza para evitar que la tensión degenerara en una confrontación mayor. «Los colombianos y los venezolanos no nos vamos a ir a las manos y menos a los tiros», dijo el sábado Chaderton, descartando que la crisis política pudiera llevar a una suspensión de la cumbre -como sugerían medios de prensa-y menos aún a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Sin embargo, las denuncias y acusaciones mutuas continúan siendo ventiladas en la prensa venezolana y colombiana en vísperas de la esperada reunión entre los mandatarios.
El fiscal general de Colombia, Luis Camilo Osorio, pidió ayer a Venezuela que no sea «refugio de delincuentes», reiterando hoy su advertencia de que «quien se mete con criminales termina sufriendo las consecuencias de ello».
La respuesta no se hizo esperar, y el propio Rangel dijo ayer que «hay una reiterada actitud por parte de voceros del gobierno y en general de la política colombiana (...) de atacar a nuestro país, apelando a todo tipo de mentiras y tergiversaciones».
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