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En lo que ha sido considerado como una nueva provocación de las organizaciones de narcotraficantes contra las autoridades regionales, los pistoleros, que iban en tres vehículos, destruyeron a las 3.30 horas (6.30 GMT) varios ventanales en ocho de los catorce pisos de la Prefectura (alcaldía), en el centro de la ciudad.
Los atacantes, que destruyeron una caseta de seguridad y huyeron sin dejar pistas, también lanzaron dos granadas militares que no estallaron y que tuvieron que ser detonadas por la policía posteriormente.
El alcalde, César Maia, consideró el hecho como un acto terrorista y dijo que pedirá al presidente Fernando Henrique Cardoso que decrete el "estado de defensa", un régimen de excepción en el que se pueden suspender garantías como el derecho de reunión y el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones.
"Cuando el crimen organizado tiene espacio para crecer alcanza el nivel del terror. Esto es un acto terrorista y exige una respuesta del gobierno federal en Río de Janeiro", afirmó Maia al ser interrogado sobre el ataque a la alcaldía.
Maia dijo que el ataque de hoy fue mayor que el atentado con una granada contra la Dirección de Prisiones de Río de Janeiro del mes pasado y que las demostraciones de poderío que en las últimas semanas han hecho las organizaciones que controlan el tráfico de drogas en las favelas de Río de Janeiro.
El prefecto hizo referencia al asesinato del periodista Tim Lopes, del canal Globo de televisión, cuando realizaba un reportaje sobre el poder de los narcotraficantes en las favelas, y a las escuchas telefónicas que permitieron descubrir que, dentro de una prisión, los jefes de las organizaciones criminales negociaban la compra de misiles y comandaban sus operaciones ilegales.
"Voy a reunirme con el presidente de la República esta noche para pedirle que decrete el estado de defensa en Río de Janeiro", afirmó el alcalde.
Según la constitución brasileña, el "estado de defensa", uno de los regímenes de excepción junto con el "estado de sitio", puede ser decretado por el jefe de Estado para "preservar o restablecer en lugares restringidos y determinados el orden público y la paz social amenazadas por grave e inminente inestabilidad institucional o afectadas por calamidades de grandes proporciones".
El régimen de excepción tiene que ser adoptado por un período de tiempo inferior a treinta días y las medidas coercitivas adoptadas tienen que ser sometidas a consideración del Congreso en un plazo máximo de un día.
El jefe del Servicio de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro, Robson Rodrigues, aseguró que el ataque no puede ser definido aún como un acto terrorista, ya que no se descartan las posibilidades de un atentado político y de una acción aislada de la criminalidad.
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