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Los crímenes "que día a día cometen los grupos armados al margen de la ley, llámense masacres, secuestros, desplazamiento, extorsión, terrorismo o cualquier otra denominación, entiende que éstos no son sólo crímenes contra el pueblo colombiano: “'a1Son crímenes contra la humanidad en su conjunto!", dijo Pastrana.
Con la firma de la ley, en una ceremonia especial en la sede del Ejecutivo, Colombia se convierte en uno de los más de 60 países que ya han ratificado ese Estatuto.
"A partir de hoy las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), las Autodefensas (Unidas de Colombia, AUC) ilegales y cualquier otro grupo o persona que persista en obrar contra los colombianos quedan notificados de esta nueva realidad internacional!", subrayó Pastrana.
Según el gobernante colombiano, "aquí los violentos no obran en nombre de un Estado; no protagonizan una guerra civil, sino una guerra contra la sociedad civil, pero, igual que en un régimen totalitario, asesinan y masacran al pueblo inerme con total desprecio por la vida humana".
Agregó que "hoy la sociedad colombiana, la que ellos atacan, y el mundo entero, a través de la Corte Penal Internacional, están en pie para decir a toda clase de violentos que nada justifica, `nada justifica!, atentar contra otro ser humano".
Pastrana insistió en que la entrada en vigor de la nueva ley "es una advertencia para los violentos, estén donde estén, llámense guerrilleros o autodefensas, o incluso si, por desviaciones de su misión, forman parte de la Fuerza Pública o de las autoridades civiles del Estado".
"No importa qué uniforme o ideología porten. Cualquiera que insista en atacar la población civil y en obrar por fuera del Derecho Internacional Humanitario será capturado, juzgado y condenado!", resaltó el gobernante colombiano.
El Gobierno presentó el año pasado al Congreso el proyecto del Estatuto de Roma con carácter de urgencia y fue aprobado por el Legislativo en diciembre pasado.
La Corte Penal Internacional fue creada en Roma el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas.
Con la aprobación por parte del Congreso colombiano, se sumó un artículo de la Constitución y se hizo compatible el texto de la Carta con el Estatuto de Roma.
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