La corte suprema de Bogota rechazó el acuerdo firmado por ese país y Washington sobre el uso plataformas militares
Estados Unidos espera que Colombia detalle sus planes sobre cómo proceder con el acuerdo militar que quedó suspendido por la Corte Constitucional, y aseguró que hasta entonces la cooperación se basará en "acuerdos preexistentes".
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El portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, indicó que el gobierno del presidente Barack Obama está pendiente de que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronuncie sobre el dictamen de la Corte Constitucional de Colombia para evaluar los próximos pasos.
"Estamos esperando escuchar de la Administración de Santos sus planes sobre cómo proceder", dijo el portavoz. Hasta entonces "nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes", agregó.
El Departamento de Estado reiteró de nuevo que el acuerdo de cooperación militar firmado entre ambos países en 2009 y que permitía a EEUU el uso de hasta siete bases de ese país, "busca asegurar una cooperación bilateral efectiva con el fin de responder a las preocupaciones de seguridad".
El Alto Tribunal de Colombia decidió el martes dejar sin vigencia el acuerdo de cooperación militar hasta que la iniciativa cumpla los trámites propios de un tratado internacional, es decir, sea aprobado por el Congreso de Colombia.
Para la Corte Constitucional, el acuerdo firmado entre Colombia y EEUU involucra compromisos como autorización para "acceder y utilizar instalaciones militares por personal militar y civil extranjero, libre circulación de buques, naves, aeronaves y vehículos tácticos extranjeros por el territorio nacional, sin posibilidad de inspección o control por las autoridades nacionales".
Si el gobierno decide enviar la iniciativa al Congreso, y si es aprobado, el documento volverá a la Corte para que evalúe nuevamente los controles constitucionales, y si procede, hacer un estudio de fondo del tratado.
Lo que falta ahora es que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lo presente ante el Congreso, pero también podría aprovechar para renegociar el contenido con Washington, opción que igualmente lo obligaría a pasar el trámite parlamentario.
Cuando se conoció este acuerdo, hace ahora un año, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua criticaron la iniciativa al considerarla una amenaza "contra la soberanía y la estabilidad de la región".
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