«Hay que hablar definitiva y claramente de un secuestro, nosotros entendemos que el gobernador de Antioquia (cuya capital es Medellín) y sus acompañantes están secuestrados y vamos a tener que poner en práctica estrategias que permitan su pronta liberación», dijo el ministro del Interior, El gobernador, en compañía de unas 1.000 personas, participaba en una marcha contra los grupos violentos que actúan en esa región de Colombia, país azotado por una guerra interna de 38 años que dejó 40.000 muertos, la mayoría civiles, sólo en la última década. Las autoridades responsabilizaron del secuestro de Gaviria y de sus dos acompañantes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el principal grupo guerrillero del país con 17.000 combatientes y con el que el gobierno del presidente
El mismo grupo rebelde propuso recientemente a Pastrana un canje de los políticos retenidos por guerrilleros encarcelados, pero la idea fue rechazada por el gobierno.
«No habrá canje, en mi gobierno no habrá canje», advirtió de nuevo Pastrana al condenar el secuestro del gobernador. El mandatario reveló que las autoridades militares le recomendaron a Gaviria no viajar a la zona por problemas de seguridad y los riesgos de un secuestro, pero el funcionario insistió en hacer la marcha sin ningún tipo de seguridad.
«El Estado lucha al máximo por establecer garantías, pero no hay seguridad que valga si no se siguen las recomendaciones de seguridad», agregó el mandatario.
Testigos relataron que la guerrilla bloqueó el paso en un puente por donde debía pasar la caravana que encabezaba el gobernador y que después de que se conformó una comisión de diálogo privaron de la libertad a Gaviria y a varios de sus acompañantes. Tres obispos y otras personas que inicialmente fueron retenidas por la guerrilla quedaron en libertad el domingo a la noche.
La zona en donde fue retenido Gaviria es una región montañosa productora de café, cuyo control se disputan las FARC con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
La guerrilla colombiana acostumbra a secuestrar personas con fines políticos y económicos para financiar parte de su levantamiento en armas contra el Estado. En 2001 se registraron en Colombia 3.041 secuestros, y la mayoría fue atribuida por las autoridades a las guerrillas izquierdistas.
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