Kim Tae-ho tiene 47 años y fue gobernador de la provincia Sur de Gyeongsang
El designado primer ministro de Corea del Sur, Kim Tae-ho, presentó su renuncia, antes de que el Parlamento surcoreano votara oficialmente su nombramiento, por la polémica levantada por un supuesto caso de donaciones ilegales.
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"Presento mi renuncia al puesto con la idea de que no debería ser un obstáculo para que el presidente Lee Myung-bak lleve a cabo sus asuntos de Estado", dijo Kim en mensaje televisado a nivel nacional.
La Oficina Presidencial surcoreana respeta la decisión de Kim, informaron agencias locales. En tanto, fuentes gubernamentales indicaron que inmediatamente comenzará el proceso para buscar un nuevo candidato a primer ministro.
Kim Tae-ho, de 47 años y ex gobernador de la provincia Sur de Gyeongsang, fue designado el pasado 8 de agosto dentro de un profundo reajuste que afectó a otros siete ministros del Gabinete. Unas horas después del anuncio de la renuncia de Kim, los nominados para ministro de Economía y Conocimiento, Lee Jae-hoon, y ministro de Cultura, Shin Jae-min, expresaron su intención de renunciar también a sus cargos a raíz de la confrontación política originada por su participación en transacciones financieras dudosas.
La oposición, liderada por el Partido Democrático (PD), se mostró en contra de estos nombramientos durante las audiencias de confirmación en la Asamblea Nacional (Parlamento surcoreano) y criticó la conducta de los candidatos.
El debate parlamentario para nombrar a Kim comenzó el martes pasado y debía finalizar el 27 de agosto, pero las diferencias entre los grupos parlamentarios hizo que la votación final para decidir si ocupaba el cargo se pospusiera hasta el próximo miércoles.
Durante la audiencia de confirmación del primer ministro, Kim se enfrentó a las acusaciones de supuestas donaciones ilegales por parte del empresario Park Yeon-cha en 2007, cuyo monto podría ascender a decenas de miles de dólares. La fiscalía exculpó a Kim el pasado mes de diciembre, pero el caso volvió a ser objeto de controversia durante la audiencia parlamentaria.
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