Las fuerzas de seguridad se garantizaron ayer que 57 diputados opositores destituidos no ingresaran al Congreso en Quito ( izquierda). Estos fueron reemplazados por suplentes, quienes juraron en una polémica ceremonia (derecha).
Quito (Reuters, EFE, ANSA, AFP) - La asunción de 21 diputados en reemplazo de legisladores opositores destituidos por su rechazo al plan oficial de reforma constitucional supuso ayer un triunfo político para el presidente izquierdista de Ecuador, Rafael Correa, aunque, de manera más profunda, significó un nuevo golpe a la maltrecha institucionalidad democrática del país más inestable de Latinoamérica.
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A través de la movida, el gobierno lograría una mayoría en el Congreso mediante la cooptación de opositores, algo impensado hasta hace poco, dado que no presentó listas de legisladores en los últimos comicios en rechazo a la «partidocracia». De consolidarse esta situación, y de sumarse en los próximos días nuevos suplentes hasta reemplazar a los 57 diputados destituidos, Correa podrá avanzar en un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente que, según su plan, tendría facultades para remover a los miembros de cualquier poder del Estado.
El Congreso reanudó ayer sus sesiones tras casi dos semanas de parálisis, debido a la destitución de los 57 diputados que se oponían a la intención de Correa de realizar la consulta popular el 15 de abril.
El líder del Congreso, el opositor Jorge Cevallos, aceptó las remociones pese a haberse negado inicialmente a reconocer su validez, y puso en funciones a 21 legisladores suplentes, quienes ingresaron en la madrugada al recinto legislativo en autobuses custodiados por la fuerza pública.
Mayoría
La asunción de los suplentes modificó la correlación de fuerzas en el Congreso, que ahora quedó en manos de una mayoría adepta a Correa, quien asumió en enero las riendas del país con la promesa de instaurar un sistema socialista y cortar el poder de los partidos tradicionales.
«No veo por qué no voy apoyar (el plan político de Correa). Es lo que quiere la gente», dijo Julio Verduga, diputado del nuevo bloque Dignidad Nacional que comenzó a funcionar en el Congreso unicameral de 100 miembros.
Según analistas, el mandatario -afín a Hugo Chávez-podría contar ahora con el apoyo de al menos 51 legisladores, número que podría crecer si asumen más suplentes y se rebelan contra las órdenes de sus partidos, opositores al gobierno.
Al respecto, Gloria Gallardo, una de las destituidas y agredidas el 8 de marzo por hordas oficialistas, señaló que «tenemos que decirle al mundo que un Congreso sobornado nunca funcionará». «El gobierno quiere un Parlamento obediente para evitar controles», añadió.
Según el analista político Simón Pachano, de la rama local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), «ésta es una victoria evidente para Correa. La oposición ha perdido mucho poder y es probable que el gobierno haga un acuerdo con los suplentes».
Mientras éstos juraban sus cargos, cientos de militantes oficialistas rodeaban el Congreso y un cordón de 1.000 policías evitaba el ingreso de los legisladores removidos.
Compra
Estos acusaron a Correa de «comprar» a los diputados suplentes para paliar su falta de bancada propia y para instaurar con la Asamblea Constituyente un régimen «totalitario y socialista» en Ecuador.
Los parlamentarios opositores afirmaron que seguirán batallando en los tribunales por sus escaños y rechazaron la asunción de sus suplentes.
«Nuestra patria está en peligro. Los partidos que tienen dos diputados ahora son los que lideran el Congreso Nacional», dijo Luis Tapia, parlamentario removido del Partido Sociedad Patriótica (PSP), otrora el segundo bloque más grande del Congreso.
En tanto, la secretaria de Comunicación de la Presidencia, Mónica Chuji, dijo que el gobierno ve «con buenos ojos que finalmente el Congreso vuelva a la normalidad y a trabajar».
Al comienzo de la crisis (ver nota aparte), el Tribunal Supremo Electoral consideró que los parlamentarios opositores obstaculizaron el proceso electoral para el referéndum al intentar remover al presidente del TSE, Jorge Acosta. Este y la mayoría de vocales del TSE desconocieron la acción del Parlamento y, en respuesta, destituyeron a los 52 diputados que intentaron reemplazar al titular del organismo electoral.
Así mismo, destituyeron a otros cinco que interpusieron ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad a la convocatoria de la consulta.
