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Es la primera vez en sus 80 años de historia que la Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés) demanda ante los tribunales al Ejecutivo.
Cheney se niega a entregar las grabaciones y las minutas de esas reuniones, alegando que sentaría un precedente peligroso para el gobierno, que debe estar en condiciones de mantener reuniones fuera del alcance del público. Sin embargo, asegura que nada de aquellas conversaciones encierra nada sospechoso.
Los demócratas, en la oposición, han solicitado a la GAO que investigue las operaciones de la comisión energética del gobierno, que respondía a Cheney, a la que acusan de consultar a demasiados ejecutivos de la industria energética y a pocos medioambientalistas antes de lanzar su plan energético, concentrado en los combustibles fósiles.
El colapso de Enron -el mayor contribuyente individual a la campaña del presidente George W. Bush- ha levantado en Estados Unidos una fuerte polémica sobre la influencia de grupos privados a través de sus donativos electorales.
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