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La reforma permitirá al director general de la Agencia de Defensa (con rango de Ministerio) ordenar el lanzamiento de misiles destinados a interceptar otros misiles en caso de ataque, sin tener que recibir la autorización del primer ministro o de su Gabinete.
Esta circunstancia ocurrirá si no hay tiempo para obtener la luz verde gubernamental y del Consejo de Seguridad de Japón antes de que el presunto proyectil agresor impacte en territorio nipón. Esta reforma de la Ley de las Fuerzas de Auto Defensa pretende allanar el camino a la introducción en Japón de un sistema de defensa antimisiles a partir de abril del 2006, paso que los críticos con este plan identifican con una militarización del país.
El pasado diciembre, Japón levantó su embargo de armas para tecnología de misiles con el fin de asegurar las ventas de estos componentes a EEUU para habilitar ese escudo armamentístico.
Los países vecinos a Japón, como China y Corea del Sur, han sido muy críticos con esta reforma de la principal ley de seguridad militar japonesa, pero sobre todo con los planes para desarrollar el sistema antimisiles junto a Estados Unidos.
La Agencia de Defensa nipona ha tenido en mente el peligro que supone Corea del Norte a la hora de acelerar con esta reforma legal los procedimientos necesarios para dar la orden de interceptación de eventuales misiles atacantes.
Según las explicaciones del organismo, un misil disparado desde aquel país tardaría menos de diez minutos en alcanzar territorio japonés, lo que impediría una respuesta a tiempo del Gabinete y el Consejo de Seguridad nipones para ordenar la defensa.
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