Madrid (EFE, AFP, Reuters, ANSA) -Nuevos actos de violencia urbana tuvieron lugar ayer a la madrugada en el País Vasco y Navarra (norte de España), tras el polémico arresto de una parte de la cúpula del ilegalizado movimiento independentista vasco Batasuna. En ese marco, el juez Baltasar Garzón dictó prisión incondicional para 17 de los 23 detenidos, continuando con la ofensiva del gobierno español contra el brazo político de ETA.
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Un grupo de jóvenes encapuchados incendió dos contenedores de basura en el casco viejo de Bilbao, señaló un portavoz de la policía local. Asimismo, varias bombas caseras fueron lanzadas contra cajeros automáticos de varias sucursales bancarias en otro barrio de la ciudad, considerada como la capital económica del País Vasco español.
En la vecina Navarra, también se lanzaron cócteles molotov contra dos bancos y la sede del sindicato UGT en Alsasua, lo que provocó algunos daños materiales, según una fuente de la delegación del gobierno.
Los actos de guerrilla urbana («kale borroka» en euskera) atribuidos a jóvenes independentistas radicales son regulares en el País Vasco, pero su recrudecimiento en los últimos días denota un aumento de la tensión tras los arrestos de los dirigentes de Batasuna mientras mantenían una reunión para un traspaso de poderes.
La portavoz del gobierno vasco (nacionalistamoderado), Miren Azkarate, indicó que los detenidos «estaban reunidos hablando y no tenían pistolas ni bombas», por lo que se preguntó si esto es delito o si se trata de «romper todos los puentes de diálogo». «¿Qué delito es simplemente el intentar reunirse, encontrar una solución de futuro, mejor o peor, de forma equivocada o acertada?», se cuestionó la vocera.
Ayer por la tarde, el juez Garzón atribuyó a los arrestados los delitos de «integración en organización terrorista», y de «reiteración criminal» -para algunos que ya habían sido acusadosen el marco del sumario que instruye desde 2002 sobre las relaciones de Batasuna con ETA.
El magistrado decretó prisión preventiva incondicional para el portavoz de Batasuna, Joseba Permach; el estratega de comunicación, Juan José Petrikorena, y Rufino Etexebarria, considerado el «comisario político» de ETA, entre otros.
Ilegal
Vidriera política de la banda terrorista, la formación Batasuna está ilegalizada en España desde 2003 por sus vínculos con esta organización armada que ha matado a 819 personas en casi 40 años de lucha contra el Estado español por la independencia del País Vasco.
Según el diario «El País», el partido «iba a tratar de reconstruir su estructura interna para adaptarse mejor a la estrategia violenta de ETA tras la ruptura del alto el fuego, el 5 de junio».
En un texto de uso interno, la formación radical habla de que su objetivo es «la justificación política de la violencia y la colaboración en la generación de un clima de inestabilidad y de coacción, específicamente dirigida hacia los partidos políticos que ETA considera responsables del fracaso de sus pretensiones», según «El País».
Un intento del gobierno de conversaciones de paz colapsó a fines de 2006, cuando una bomba de ETA provocó la muerte de dos personas en el aeropuerto madrileño de Barajas. Tras el final del «alto el fuego permanente» decretado en marzo de 2006, la banda terrorista retomó el pasado verano (boreal) una campaña de atentados, con seis acciones, entre las cuales, la explosión de un coche bomba cerca de un cuartel de la Guardia Civil en Durango (norte) que dejó dos heridos leves.
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