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Gutiérrez -un militar retirado con 21 meses de gestión- es acusado de haber financiado con recursos estatales giras por el país para promocionar en octubre a los candidatos de su partido, Sociedad Patriótica (PSP), de cara a unos comicios provinciales que perdió abrumadoramente.
El pedido de enjuiciamiento y destitución de Gutiérrez por incurrir en peculado fue presentado por 51 legisladores del partido Social Cristiano (PSC) -la principal facción legislativa-- y otras tres fuerzas políticas menores ante el parlamento unicameral de 100 miembros.
"Estas son nuestras firmas de respaldo al juicio político que el día de hoy arranca para buscar la destitución", dijo la diputada del PSC, Cinthya Viteri.
El apoyo recabado por los cuatro partidos es suficiente para que el parlamento instaure el martes una comisión que evalúe el pedido en cinco días y para que el pleno, con base en el informe de dicho comité, apruebe el procesamiento.
Pero, una vez superada esa etapa, los opositores tendrían que conseguir los 67 votos necesarios para destituir al mandatario, una tarea difícil por la dispersión de fuerzas legislativas, aunque no imposible, según Viteri.
"A nosotros lo único que nos acompaña son la razón y las pruebas", indicó al ser consultada respecto a la posibilidad de que ante un ambiente político tan polarizado Gutiérrez evada la censura y permanezca en el cargo.
Los adeptos a Gutiérrez --partidos populistas e independientes- han insistido que sus contrincantes no sumarán los votos requeridos para su destitución.
El ministro de Gobierno (Interior), Raúl Baca, insistió que el interés de los diputados es "desestabilizar otra vez al país".
El mandatario ha rechazado las acusaciones afirmando que sus recorridos obedecieron a "actos políticos y de gobierno" y que los ataques son una represalia de grupos oligárquicos que buscan eludir el pago al fisco de millonarias deudas.
La Contraloría General del Estado no ha emitido un informe adverso a Gutiérrez -cuya gestión es aprobada por el |7 por ciento de los 12,2 millones de ecuatorianos, según distintas encuestadoras-- por el manejo de los fondos de la presidencia.
Gutiérrez irrumpió en la vida política cuando lideró en el 2000, en su condición de coronel de Ejército, una revuelta que depuso al centrista Jamil Mahuad, lo que le abrió las puertas para asumir la presidencia en enero del 2003 por las urnas.
Sin embargo, Gutiérrez dilapidó su capital político cuando su gobierno se vio envuelto en escándalos que han involucrado a altos funcionarios, incluidos familiares suyos, y por la aplicación de medidas ortodoxas que estabilizaron la economía, pero que han provocado malestar entre sus seguidores.
En el caso de Gutiérrez sea censurado, el cargo sería asumido hasta enero del 2007 por el vicepresidente Alfredo Palacio, un opositor de las políticas de libre mercado y quien ha cuestionado en numerosas ocasiones el programa oficial, por lo cual ha sido aislado de la cúpula de poder.
Ningún presidente ha sido enjuiciado por el Congreso desde el retorno del país a la democracia en 1979.
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