EEUU: jueza declara inconstitucional a tribunal militar de Guantánamo

Las juntas militares establecidas por el Gobierno de Estados Unidos para determinar si los detenidos en Guantánamo son o no "combatientes enemigos" son inconstitucionales, sentenció hoy una juez federal.

Joyce Hens Green, magistrada de una corte del Distrito de Columbia, constató que los presuntos terroristas detenidos en la base de Guantánamo (Cuba) tienen derechos de acuerdo a la Constitución de EEUU, como ya había afirmado el Tribunal Supremo.

Esta decisión de la juez supone un revés para el Gobierno de Washington, pero se espera que la Casa Blanca la apele a una corte superior.

El Pentágono había creado estas juntas militares, denominadas oficialmente Tribunal de Revisión del Estatus de los Combatientes, para cumplir con ese dictamen del Tribunal Supremo que afirmó que los presos en Guantánamo, donde actualmente hay unos 550, tienen derecho a una revisión de su caso.

No obstante, para Hens Green este sistema es insuficiente.

En el dictamen indica que "los procedimientos (de las juntas especiales antiterroristas) son inconstitucionales por no cumplir el debido proceso".

Por ello, ordenó que Estados Unidos establezca los tribunales contemplados en la Convención de Ginebra para determinar caso por caso si los ex combatientes del régimen talibán deberían ser considerados como "prisionero de guerra" y ser protegidos por este tratado, como establece la propia Convención en el Artículo 5.

La Casa Blanca ha calificado a todos los detenidos en Guantánamo como "combatientes enemigos" y se ha negado a aplicarles la Convención de Ginebra.

Hens Green señaló que la guerra contra el terrorismo "no puede invalidar la existencia de los derechos fundamentales, por los que la gente de este país han luchado y muerto durante más de 200 años".

A pesar de llevar el nombre de tribunal, las juntas creadas por el Pentágono son un procedimiento administrativo con reglas muy particulares.

Durante el proceso, el reo no cuenta con la presunción de inocencia y es él quien tiene que probar que no es culpable de ser un enemigo de Estados Unidos.

Los detenidos reciben la ayuda de un militar que actúa como su "representante personal" para prepararse para su audiencia, pero éste carece de experiencia legal.

La junta tiene acceso a "información sobre la captura del detenido, información sobre cualquier designación previa (del prisionero) y cualquier otra información pertinente relacionada con su designación como combatiente enemigo", según ha dicho el Pentágono.

En cambio, para su defensa el detenido sólo tiene acceso a información no secreta sobre la razón de su encarcelamiento, según el Pentágono.

Además, según sus normas, las juntas deben dar más crédito a las pruebas del Gobierno que a las que presente el detenido.

Esta acumulación de reglas en contra del prisionero ha llevado a la juez de Washington a determinar que las juntas son inconstitucionales.

En su dictamen afirma que "los procedimientos puestos en marcha por el Gobierno para confirmar que los demandantes son 'combatientes enemigos' sujetos a detención indefinida violan los derechos de los demandantes al debido proceso".