Washington amplió las restricciones contra entidades estatales y dirigentes cubanos mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica, energética y de abastecimiento.
Archivo. La gestión de Trump aumenta la presión sobre Cuba en medio de una de las peores crisis de la isla.
Estados Unidos volvió a aumentar la presión sobre Cuba con nuevas sanciones contra empresas estatales y funcionarios. Las medidas fueron anunciadas el pasado jueves, en un momento en que la isla atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En detalle, los departamentos del Tesoro y de Estado sancionaron a nueve entidades vinculadas con los sectores de minería, metales y construcción. Además fueron penados tres dirigentes del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
En el marco del anuncio de las sanciones, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó al ICAP de promover una red destinada a “identificar, captar y radicalizar” a ciudadanos estadounidenses y aseguró que el gobierno de Donald Trump no permitirá que La Habana utilice las libertades de Estados Unidos para desarrollar actividades “subversivas”.
Entre los sancionados se encuentra Fernando González Llort, presidente del ICAP y diputado, quien además fue uno de los cinco agentes de inteligencia cubanos detenidos en Estados Unidos en 1998 y liberados en 2014.
La lista también incluye a la vicepresidenta primera del ICAP, Noemí Rabaza Fernández, y a la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire. En cuanto a las entidades alcanzadas por las medidas, figuran:
Las nuevas medidas forman parte de una estrategia más amplia de Washington para reducir las fuentes de financiamiento del gobierno cubano.
Desde fines de enero de 2026, la administración de Trump recrudeció la política de sanciones contra Cuba mediante un bloqueo petrolero, restricciones contra empresas cubanas y amenazas de sanciones a compañías extranjeras radicadas en la isla o que mantengan relaciones comerciales y de negocios con entidades cubanas.
Washington también reforzó la aplicación de las normas que impiden a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con empresas controladas por el Estado durante sus viajes a Cuba.
La semana pasada, varios estadounidenses que regresaban de la isla después de participar en actos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro fueron retenidos brevemente en el aeropuerto de Miami. A algunos les incautaron teléfonos y otros dispositivos para ser revisados. Aunque fueron liberados posteriormente, podrían enfrentar acciones judiciales si se determina que violaron las sanciones.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las nuevas sanciones y acusó a Washington de buscar un deterioro deliberado de la economía de la isla. El funcionario afirmó que Marco Rubio "continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar" a la economía cubana.
Rodríguez sostuvo que la política estadounidense pretende "impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población", que ya atraviesa una situación crítica por el bloqueo estadounidense.
"En particular, obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) privadas cubanas", escribió el canciller en la red social X.
También cuestionó las sanciones contra los dirigentes del ICAP, al señalar que forman parte de "su fracasada obsesión contra Cuba".
Según Rodríguez, el organismo "ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz, todo lo contrario a lo que el secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta".
La ofensiva estadounidense ocurre mientras Cuba enfrenta una grave escasez de combustible y una crisis energética que se profundizó tras el bloqueo petrolero impuesto después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, país que durante años abasteció de crudo subsidiado a la isla.
La falta de combustible derivó en apagones generalizados, fuertes restricciones en el transporte público, mayor escasez de medicamentos y reducciones de la jornada laboral.
A ese escenario se suma el desplome del turismo, una de las principales fuentes de divisas de Cuba, que agravó una economía que ya acumulaba años de deterioro.