Entre los programas suprimidos figuran asignaciones para la lucha contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico, comprometidas en acuerdos de 1998 en el caso de Perú y Ecuador. México también está amenazado. Si se adhiere a la CPI, como los países de América latina sancionados por EE.UU., dejará de recibir u$s 5,25 millones previstos para la mejora de sus instituciones y su sistema judicial.
EE.UU. se opone a la CPI porque cree que sus ciudadanos -principalmente militares y miembros del gobierno- podrían ser sujetos a juicios con motivaciones políticas.
La CPI es un tribunal que juzga crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio, pero únicamente si el país que tiene jurisdicción no lo hace o si su sistema legal en lugar de hacer justicia protege a los acusados.
Washington está usando todo su peso diplomático y económico para presionar a los gobiernos extranjeros para que suscriban acuerdos bilaterales que garanticen que sus ciudadanos nunca serán juzgados por la CPI. En estos convenios, los países se comprometen a no extraditar a La Haya, la sede del tribunal, a los estadounidenses y al personal no estadounidense contratado por su gobierno en su territorio y que sean acusados de los crímenes de lesa humanidad.
En total, 82 países se plegaron públicamente a los deseos de la Casa Blanca, aunque el Departamento de Estado mantiene que otra decena ha firmado estos acuerdos en secreto.
La sanción de EE.UU. de esta semana es otra vuelta de tuerca para lograr aumentar ese número.
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