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Durante la ceremonia de rúbrica de los acuerdos, Ashcroft estimó que los dos tratados "nos darán los instrumentos adicionales para combatir al terrorismo, el crimen organizado y otras formas graves de criminalidad".
El tratado, que no sustituye globalmente a los acuerdos bilaterales ya alcanzados entre Estados Unidos y varios países miembros de la UE, busca "facilitar la cooperación" transatlántica en ese campo, según ls términos del documento transmitido a la prensa.
Las disposiciones del tratado primarán sin embargo sobre las de los acuerdos bilaterales existentes, "exclusivamente para una lista de crímenes específicos" sancionados con encarcelamiento de más de un año o "con una pena más severa".
Una "tentativa" o "complot" con el objetivo de perpetrar un crimen pasible de extradición es por otra parte considerado por los signatarios como un delito que requiere la aplicación del mismo procedimiento.
El acuerdo garantiza a la persona extraditada "el derecho a un juicio justo" incluido el derecho a comparecer ante un "tribunal imparcial establecido en el marco de la ley".
Esta disposición marca la categórica oposición de la UE a que alguno de sus ciudadanos sea juzgado por las comisiones militares especiales instauradas por Washington luego de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
Los estados miembro de la UE, todos opuestos a la aplicación de la pena de muerte, lograron por otra parte que esta no sea impuesta a uno de sus ciudadanos extraditado a Estados Unidos, donde se aplica esa condena.
Los europeos sostuvieron que continúan ligados a las disposiciones de la Corte Penal Internacional (CPI) a la que la administración Bush rehusa adherir.
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