Imaz dijo que la querella obedece a que el ejecutivo vasco considera que los autos de suspensión de Batasuna dictados por ese juez «son injustos, menoscaban la competencia del gobierno y suponen limitaciones graves, infundadas e ilegítimas al derecho de manifestación y reunión».
Las medidas adoptadas por Garzón «crearon una situación de inseguridad jurídica, extendieron las consecuencias a personas no relacionadas con los hechos y acusaron a la mayoría de la sociedad vasca», dijo el vocero del ejecutivo de Vitoria, capital del País Vasco.
En dos dictámenes, uno del 26 de agosto y otro del 6 de setiembre, Garzón, juez de la Audiencia Nacional (máxima instancia penal española) ordenó suspender por tres años las actividades de Batasuna, por considerar que forma parte del «entramado terrorista» de la organización separatista vasca ETA.
De admitirse la querella a trámite por prevaricato -delito que se define como aquel que comete un funcionario público a sabiendas o por ignorancia inexcusable- el juez Garzón podría ser suspendido cautelarmente hasta que se resolviera el caso. En una segunda ofensiva, casi al mismo tiempo que el ejecutivo anunciaba la querella contra Garzón, el Parlamento vasco acordó, con los votos del PNV, Eusko Alkartasuna (EA) e Izquierda Unida (IU) -socios en el gobierno vasco-, no disolver a Batasuna al considerar «nulo de pleno derecho» el dictamen de su suspensión.
En tanto, las autoridades españolas pedirán a sus pares francesas la extradición temporaria inmediata de los dos dirigentes etarras detenidos el lunes cerca de Burdeos (sudoeste de Francia), para ser juzgados en España, indicó el ministro español de Justicia,
Dejá tu comentario