Los sufragios corresponden a postulantes cuyos registros fueron rechazados, pero que compitieron mientras sus apelaciones seguían pendientes ante el Tribunal Superior Electoral.
La Justicia Electoral brasileña enfrenta dificultades para resolver todas las impugnaciones antes de la fecha de votación.
Los electores brasileños emitieron 1,8 millones de votos a candidatos con registros rechazados por los tribunales regionales, pero que pudieron presentarse en las elecciones del 4 de octubre porque sus apelaciones todavía estaban pendientes ante el Tribunal Superior Electoral (TSE). La resolución de esos expedientes puede modificar la composición de los poderes legislativos y hasta definir si corresponde realizar una segunda vuelta para elegir gobernadores.
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Los sufragios se contabilizan como votos anulados sub judice, es decir, sujetos a una decisión judicial definitiva. El escenario expone las dificultades de la Justicia Electoral para resolver todas las candidaturas antes de los comicios y reabre el debate sobre la necesidad de adelantar los plazos de inscripción.
La legislación brasileña establece que las solicitudes de registro deben presentarse el 15 de agosto, un día antes del inicio de la campaña electoral. Los tribunales tienen como límite para resolverlas los 20 días previos a la primera vuelta, lo que deja aproximadamente un mes para analizar los expedientes. Sin embargo, ese plazo suele extenderse.
En estas elecciones se presentaron más de 20.000 solicitudes de registro, según el TSE. En los comicios municipales de 2024, la cifra superó las 400.000: “Este escenario dificulta que la Justicia Electoral logre resolver todos los procesos de candidaturas antes de las elecciones, sobre todo aquellos que presentan algún tipo de problema. Cuando se trata de un candidato que no tiene procesos judiciales, es más fácil resolverlo. En diez días está resuelto. El gran problema son estos candidatos con asuntos judiciales pendientes”, afirmó el abogado José Paes Neto, integrante de la Academia Brasileña de Derecho Electoral y Político (Abradep).
La mayor cantidad de votos cuestionados correspondió a postulantes a las asambleas legislativas estaduales, con 612.000 sufragios. Les siguieron los candidatos al Senado, con 390.000; a la Cámara de Diputados, con 381.000; y a las gobernaciones, con 374.000.
Río de Janeiro encabeza el ranking nacional, con 732.000 votos sub judice. La cifra incluye los sufragios obtenidos por Anthony Garotinho, aunque el estado seguiría primero incluso si se excluyeran los 274.000 votos que recibió el exgobernador.
El Tribunal Regional Electoral de Río de Janeiro (TRE-RJ) amplió los criterios del TSE para impedir la participación de candidatos presuntamente vinculados con el crimen organizado. La revisión de esos casos requirió compartir pruebas de investigaciones criminales, algunas bajo secreto de sumario, lo que prolongó los procesos.
Uno de los expedientes involucra a Anthony Garotinho, quien pudo competir mientras apelaba el rechazo de su candidatura, relacionado con una condena que le impuso la pérdida de sus derechos políticos durante ocho años. Cuatro días después de la votación, una instancia superior confirmó la decisión y ordenó anular sus sufragios.
Como consecuencia, Douglas Ruas (PL), presidente de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, fue proclamado gobernador electo con el 50,88% de los votos válidos. Antes de la resolución judicial, había obtenido el 49,27%.
El exalcalde Eduardo Paes (PSD), segundo en la contienda, todavía intenta que el Supremo Tribunal Federal (STF) habilite una segunda vuelta. Sostiene que la legislación contempla como inválidos únicamente los votos afectados por una manifestación apolítica del elector o por un error de digitación.
Las consecuencias también pueden alcanzar la distribución de bancas. João Drumond (PRD), nieto del empresario del juego ilegal Luizinho Drumond, obtuvo 55.000 votos, suficientes para acceder a la Asamblea Legislativa estadual. El TRE-RJ rechazó su registro por presuntos vínculos con el crimen organizado; el candidato negó las acusaciones y apeló ante el TSE, que todavía no resolvió el caso.
Una situación similar involucra a Ricardo Abrão (PSDB), quien consiguió 63.000 votos, suficientes para obtener una banca en la Cámara de Diputados. El tribunal regional había rechazado su candidatura por indicios de participación en un esquema de compra de votos durante las elecciones de 2024 en Nilópolis. Abrão también negó las acusaciones.
El abogado Eduardo Damian, expresidente de la Comisión Electoral de la Orden de Abogados de Brasil, considera que anticipar la inscripción de candidaturas reduciría la incertidumbre jurídica y evitaría gastos públicos en postulaciones que finalmente no sean habilitadas.
La propuesta fue debatida en la Cámara de Diputados en 2021. El proyecto original planteaba fijar el 1 de junio como fecha límite para registrar candidaturas, lo que habría dejado casi cuatro meses para resolver las impugnaciones. Sin embargo, la exdiputada Margarete Coelho, relatora de la iniciativa, advirtió que adelantar las convenciones partidarias obligaría a definir alianzas y candidatos con demasiada anticipación.
En una audiencia pública de marzo de 2021, el exministro del TSE Henrique Neves sostuvo que cumplir los plazos actuales resulta prácticamente imposible en los casos controvertidos. Según explicó, los tiempos procesales pueden alcanzar 54 días y extenderse a 76 si se presentan recursos, sin contar la tramitación interna de los tribunales.
El nuevo Código Electoral, aprobado por la Cámara en 2023, también propone cambios en el calendario de registro, pero todavía se encuentra en el Senado.