Autoridades estatales y locales diseñan planes ante posibles disputas, desinformación, ciberataques y acciones del gobierno federal durante la votación.
Funcionarios electorales estadounidenses reforzaron sus protocolos a dos meses de las elecciones legislativas de noviembre.
Funcionarios electorales de Estados Unidos intensificaron sus preparativos para las elecciones legislativas de noviembre ante el temor de que el gobierno de Donald Trump intente ampliar su intervención sobre los comicios. A dos meses de la votación, distintas jurisdicciones reforzaron la seguridad, contrataron abogados y diseñaron protocolos frente a posibles acciones federales.
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Las medidas alcanzan a estados y condados gobernados tanto por demócratas como por republicanos. En California, las autoridades realizaron simulacros sobre una eventual presencia de agentes federales en centros de votación, mientras que Michigan prepara a sus funcionarios para responder ante posibles pedidos de acceso a máquinas o registros electorales.
Según Reuters, que entrevistó a más de 50 autoridades electorales estatales y locales, casi todas aseguraron haber incorporado nuevas estrategias frente a interferencias políticas, campañas de desinformación, ciberataques y eventuales episodios de violencia.
Las alarmas aumentaron a medida que Trump buscó expandir el papel del gobierno federal en un sistema electoral administrado tradicionalmente por estados y municipios. El presidente pidió a los republicanos “nacionalizar” la votación en al menos 15 lugares, impulsó investigaciones por supuesto fraude y buscó imponer restricciones al voto por correo.
La Casa Blanca rechazó que esas acciones pretendan alterar las elecciones y aseguró que busca hacer cumplir las leyes y preservar la confianza en el sistema: “La desconfianza en nuestras elecciones es causada por los demócratas más extremistas”, sostuvo la portavoz Lauren Bis.
Trump también promovió una redistribución de distritos electorales antes de las legislativas y su administración reclamó a distintos estados información confidencial de votantes. En paralelo, varias jurisdicciones comenzaron a contratar estudios jurídicos externos para responder rápidamente ante eventuales órdenes federales.
Wisconsin es uno de los casos. En el condado de Dane, abogados prepararon documentos judiciales ante un eventual intento de incautar equipos o registros electorales.
Las autoridades también reforzaron la protección física de trabajadores y edificios electorales después de años de amenazas relacionadas con denuncias de fraude. Algunas oficinas incorporaron cámaras, vidrios antibalas, guardias armados, sensores de movimiento y botones de emergencia.
En Durham, Carolina del Norte, los coordinadores de sus 68 centros de votación tendrán dispositivos capaces de alertar a las fuerzas de seguridad y transmitir su ubicación exacta. En Detroit, la secretaria municipal Janice Winfrey cuenta con protección policial permanente y los buzones para votos por correo permanecen bajo vigilancia.
La preocupación atraviesa las líneas partidarias. En el condado republicano de Irwin, Georgia, también se distribuirán botones de pánico entre trabajadores electorales para responder rápidamente ante eventuales incidentes.
Otro desafío será combatir información falsa sobre fraude, máquinas manipuladas o cambios inexistentes en los centros de votación. Los funcionarios advierten que las herramientas de inteligencia artificial permiten producir contenidos engañosos cada vez más convincentes y difíciles de detectar.
A esa preocupación se suman los recortes realizados por la administración Trump en la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA). La reducción del apoyo federal llevó a varios estados a buscar alianzas con organizaciones privadas y especialistas para proteger sus sistemas.
El escenario adquiere especial relevancia porque el control del Congreso está en juego en noviembre. Una derrota republicana en la Cámara de Representantes, el Senado o ambas cámaras terminaría con el control partidario que facilitó buena parte de la agenda de Trump y permitiría a los demócratas aumentar la supervisión sobre su gobierno.