El Congreso de los Diputados español aprobó limitar la aplicación del principio de Justicia Universal, una medida que obligará a archivar una decena de investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional de España por genocidio y delitos de lesa humanidad.
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La cámara baja del Parlamento español dio la luz verde a la reforma con el único apoyo del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que es el que la ha impulsado, y con la oposición en bloque en contra.
Ahora pasará al Senado, donde la formación conservadora tiene también mayoría absoluta, y entrará previsiblemente en vigor a finales de marzo.
El partido de Rajoy impulsó un procedimiento exprés para limitar lo antes posible la Justicia Universal.
Detrás está la crisis diplomática que se abrió entre Pekín y Madrid con la causa abierta contra el ex presidente chino Jiang Zemin y otros cuatro ex altos funcionarios del régimen comunista por genocidio en el Tíbet en los años 80 y 90.
Una vez entre en vigor la reforma, la Justicia española solo podrá investigar los crímenes de lesa humanidad cuando los responsables sean españoles o extranjeros que viven en España o cuya extradición se haya denegado.
Las víctimas tendrán también que ser españolas y no podrán haberse nacionalizado tras haber sufrido los hechos a perseguir.
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