El gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto que permitirá a extranjeros en situación irregular acceder a residencia y trabajo por un año. La medida, que busca integrar y formalizar a quienes ya viven en el país, genera apoyo social pero también fuerte rechazo político.
El gobierno español aprobó un proceso extraordinario que permitirá a miles de migrantes acceder a residencia y trabajo formal por un año. La medida busca integrar a quienes ya viven en el país y regularizar su situación laboral y social.
El gobierno de España dio luz verde a una regularización extraordinaria de inmigrantes que beneficiará a unas 500.000 personas en situación informal, en lo que ya es presentado como uno de los hitos más importantes de la legislatura.
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La iniciativa permitirá a quienes cumplan ciertos requisitos obtener un permiso de residencia y trabajo, además de acceso al sistema de seguridad social y sanitario, con una vigencia inicial de un año.
El Ejecutivo defiende la medida como un acto de “normalización” y justicia social, orientado a integrar a personas que ya forman parte del tejido económico y social del país.
Para acceder a la regularización, los solicitantes deberán acreditar que estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y que han permanecido al menos cinco meses en el país.
Además, tendrán que cumplir con otras condiciones clave:
El proceso se podrá realizar de forma digital desde mediados de abril y también de manera presencial en oficinas habilitadas.
El Gobierno sostiene que la medida no solo responde a una demanda social, sino que también tiene fundamentos económicos. La regularización permitiría aflorar empleo informal, fortalecer el sistema de pensiones y responder al envejecimiento demográfico.
Sectores como la agricultura, los cuidados y la hostelería, donde la mano de obra extranjera es clave, podrían beneficiarse directamente.
La decisión cuenta con respaldo de organizaciones sociales, sectores empresariales e incluso parte de la Iglesia, que ven en la medida una forma de garantizar derechos y reducir la precariedad.
Sin embargo, la oposición —especialmente el Partido Popular— ya anunció que impulsará acciones legales y parlamentarias contra el decreto, al considerar que puede tensionar los servicios públicos y actuar como incentivo a la inmigración irregular.
El inicio del proceso coincide con una huelga en oficinas de Extranjería, lo que podría complicar la gestión de cientos de miles de solicitudes y generar demoras en la tramitación.
Ante este escenario, el Gobierno prevé apoyarse en sistemas digitales y organismos auxiliares para evitar un colapso. Con esta decisión, España se posiciona a contramano de la tendencia restrictiva que predomina en Europa, apostando por una política de integración amplia en lugar de endurecer los controles migratorios.
La regularización abre un nuevo capítulo en el debate sobre inmigración en el continente, combinando argumentos humanitarios, económicos y políticos.
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