La resolución del TC anula, de esta manera, una decisión del TS de marzo de 2003 y «avala las tesis de la Premio Nobel de la Paz para que España investigue los delitos de genocidio, torturas, asesinatos y detención ilegal cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986».
Menchú había apelado al Tribunal Constitucional tras conocer la sentencia de 2003 del TS, la cual a su vez revocaba otra sentencia de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) que rechazaba la denuncia presentada por Menchú en diciembre de 2001 por el genocidio cometido durante los regímenes militares en el país centroamericano, en el que murieron 200.000 personas.
Aunque el país donde se ha producido el delito debe encargarse de su persecución, ello «en absoluto conlleva una prohibición para el resto de las partes firmantes (del convenio sobre genocidio de 1948 y de otros tratados) de establecer criterios extraterritoriales de jurisdicción para el genocidio».
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