Carles Puigdemont.
El plenario del Parlamento Europeo aprobó este martes la suspensión de la inmunidad parlamentaria del eurodiputado Carles Puigdemont, líder separatista catalán, de Toni Comín y Clara Ponsatí, requeridos por España por el intento de independencia de Cataluña en 2017.
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La inmunidad de Puigdemont, expresidente de Cataluña, fue levantada por 400 votos a favor y 248 en contra y 45 abstenciones, al tiempo que las mociones contra Comín y Ponsatí fueron adoptadas por 404 votos contra 247, con 42 abstenciones, anunció la mesa del plenario.
La decisión de este martes no afecta por el momento la situación de los tres dirigentes catalanes, que podrán seguir desempeñando sus funciones de eurodiputados.
"Es un día triste para el Parlamento Europeo. Nosotros hemos perdido nuestra inmunidad, pero el Parlamento ha perdido más que eso, y como resultado también la democracia europea. Es un caso claro de persecución política", expresó en una conferencia de prensa Carles Puigdemont.
Anunció, además, que los tres seguirán a disposición de la justicia europea, pero adelantó que van "a presentar una demanda contra esta decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE".
En el episodio de la independencia de Cataluña en 2017, Puigdemont era el presidente del gobierno regional, Comín su Consejero regional (equivalente a ministro) de Salud y Ponsatí de Educación.
El levantamiento de la inmunidad de los tres era condición necesaria para que la justicia común pueda analizar los suplicatorios presentados por el Tribunal Supremo de España, que exige el envío de los tres para ser procesados en su país.
Con el voto de este martes, el caso de Puigdemont y Comín retorna a la justicia de Bélgica, y el de Ponsatí a la de Escocia, instancias donde España había presentado la demanda de extradición.
La justicia española acusa a Carles Puigdemont y Comín de sedición y malversación de fondos, y a Ponsatí sólo de sedición.
La defensa de los tres eurodiputados se apoya en vicios de procedimiento y de competencias, ausencia de pruebas y persecución política.
El trámite judicial, sin embargo, no deberá ser tan sencillo. En enero, la justicia belga ya rechazó un pedido de España de extradición de otro consejero catalán, Lluís Puig, quien fue consejero de Cultura y reside actualmente en Bélgica, argumentando el "riesgo de violación de sus derechos fundamentales" y cuestionó así la competencia del Tribunal Supremo español en este caso.
En Madrid, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, apuntó que el voto del Parlamento Europeo señala que "los problemas de Cataluña se resuelven en España, no se resuelven en Europa".
La jefa de la diplomacia española aseguró que el gobierno tiende "la mano a todas las fuerzas políticas catalanas para buscar una solución a los problemas de Cataluña a través del diálogo y la negociación".
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