El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, víctima de espionaje ilegal.
El presidente del Parlamento regional de Cataluña, el separatista Roger Torrent, acusó este martes al Estado español del presunto espionaje sufrido en 2019 por su teléfono móvil, una acusación que el gobierno del socialista Pedro Sánchez rechazó de plano.
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Torrent compareció este martes para comentar una información aparecida en los diarios español El País y británico The Guardian según la cual el celular del dirigente del separatismo catalán fue espiado mediante un programa informático de fabricación israelí, Pegasus, que aprovechó un fallo de seguridad de WhatsApp, y que solo emplean gobiernos.
Roger Torrent fue una de las más de 100 personalidades espiadas entre abril y mayo de 2019, sobre un total de 1.400 terminales infectados por Pegasus, informaron ambos diarios, que se basan en las investigaciones de Citizen Lab, un organismo canadiense con sede en la Universidad de Toronto.
El programa de espionaje permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono.
El dirigente independentista afirmó que con esto "se acredita de forma concluyente" que "en el Estado español se practica el espionaje contra adversarios políticos".
"La existencia de estas prácticas evidencia la existencia de una causa general contra el independentismo" en España, agregó Roger Torrent.
Según el dirigente separatista, si el gobierno de Pedro Sánchez tuvo conocimiento de este espionaje, "habría sido cómplice de un delito". En el caso contrario, "sería un síntoma muy preocupante de negligencia política".
Una fuente de la Presidencia española dijo a la agencia AFP que "el gobierno no tiene constancia" de que Torrent, así como la exdiputada regional catalana y miembro de la ANC (organizadora del referendo independentista), Anna Gabriel, "hayan sido objeto de un hackeo de sus móviles".
La fuente enfatizó que "en España cualquier intervención de un móvil se efectúa siempre con arreglo a la ley", es decir, con autorización judicial.
Desde hace una década, Cataluña ha sido foco de una pugna entre el separatismo, que controla el actual gobierno y el Parlamento regional, y el ejecutivo central español.
El pulso tuvo sus puntos culminantes en el referendo de autodeterminación de 2017, considerado ilegal por la justicia española, y la condena a penas de prisión de nueve dirigentes separatistas el pasado octubre, lo que dio lugar a manifestaciones multitudinarias de repulsa en Cataluña, algunas de ellas violentas.
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