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Los ministros de Interior de la UE, además de decidir una serie de medidas que ellos mismos pondrán en marcha para tratar de frenar la inmigración ilegal por vía marítima, acordaron otro paquete que los países de origen, embarque o tránsito de emigrantes ilegales también "deben adoptar" al respecto.
"La no adopción injustificada de estas medidas por parte de estos países podrá dar lugar, en casos particularmente graves, o en caso de incidentes menores repetidos, a una reacción política inmediata apropiada", indican las conclusiones de la UE.
El ministro español de Interior, Mariano Rajoy, que presidió la reunión, no especificó de qué medidas de respuesta se trata: "Debe hacerse un esfuerzo de cooperación" con los países terceros, "pero también hay que imponerles una serie de obligaciones (...) ya veremos cómo se tiene en cuenta, no se ha hablado de medidas", se limitó a responder.
La UE pretende que los países terceros readmitan a sus nacionales que entren ilegalmente en la UE por mar, que firmen una serie de convenios internacionales al respecto e incluyan penas en sus legislaciones.
También deben ejercer un mayor control de sus fronteras marítimas para interceptar barcos, para lo cual la UE cooperaría con ellos con intercambio de informaciones y con funcionarios en puertos y puestos fronterizos de esos países.
Los cancilleres de la UE analizarán el lunes sus relaciones con países terceros con el objeto de incluir cláusulas de readmisión en los acuerdos de asociación que tenga con países terceros.
En ese sentido, el comisario europeo de Interior, Antonio Vitorino, pidió a los Quince que ratifiquen el acuerdo de Cotonú con los países de la zona Africa, Caribe y Pacífico (ACP) de cooperación, en el que se prevé la negociación de acuerdos de readmisión.
En el análisis de estas relaciones se abordará la posibilidad de cooperar con estos países para que frenen la inmigración, y no se hablará específicamente de sanciones, indicó una fuente europea.
El actual presidente de la UE, José María Aznar, declaró la semana pasada que la UE "se reserva el derecho de reducir su colaboración con los terceros países que no cooperen" con ella en materia de inmigración.
El comisario Vitorino insistió por su parte en que para que la política de inmigración sea eficaz debe incluir normas claras sobre el derecho de asilo, que los Quince están diseñando actualmente.
La UE, que actualmente puede devolver inmigrantes ilegales a sus países pero mediante procesos muy lentos, ha negociado acuerdos de readmisión con Sri Lanka, Hong Kong y Macao, que todavía no han entrado en vigor, y trata de negociarlos con Rusia, Marruecos, Pakistán y Ucrania.
Además quiere negociar en breve acuerdos de este tipo con Albania, Argelia, Turquía y China.
El ministro francés de Interior, Nicolas Sarkozy, se mostró en contra de que la política de inmigración se reduzca a un "lenguaje negativo" en el que "los ricos amenazan a los pobres con sanciones".
"Los xenófobos no deben fijar nuestro calendario", estimó, de acuerdo con el representante de Suecia.
La UE también pretende revisar la lista de países a los que se les exige visado de entrada, para lo cual pidió a la Comisión Europea una propuesta antes de diciembre de 2002.
Los Quince también dieron el visto bueno este lunes al estudio de medidas para un mayor control de las fronteras exteriores de la UE que fue presentado en la reunión de ministros de Interior de Roma a finales de mayo, en el que a largo plazo se prevé la posibilidad de crear una política europea de fronteras, a lo que se oponen los países del norte.
En julio volverán a reunirse para poner en marcha estas medidas.
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