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EEUU anunció ayer la congelación de la ayuda militar a ocho países de América Latina -Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Brasil y Costa Rica- por no suscribir acuerdos que eximan a los estadounidenses de someterse a la jurisdicción de la CPI.
"No estamos sorprendidos por la decisión americana porque es algo que se anunció hace mucho tiempo", afirmó el portavoz de Asuntos Europeos de la Comisión, Diego Ojeda, que agregó que "lamentamos lo que EEUU está haciendo".
Igualmente expresó su satisfacción "por el hecho de que hay un gran número de países que han hecho frente (a EEUU) y no han aceptado la presión de los americanos".
En este sentido, manifestó "nuestra admiración por los países que están trabajando para hacer de la CPI un éxito internacional".
El Gobierno de Washington firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma, que establece la creación de la Corte, por el temor a que sus responsables políticos o personal militar en el mundo puedan ser objeto de denuncias interesadas.
Por ello, las autoridades estadounidenses han negociado casi medio centenar de acuerdos bilaterales para asegurarse de que sus ciudadanos no serán perseguidos ni entregados a la jurisdicción de la Corte Penal de La Haya.
Entre los países firmantes se encuentran incluso algunos como Bosnia-Herzegovina, Albania y Rumanía que habían ratificado el Estatuto de Roma.
A juicio del portavoz comunitario, puede considerarse "normal" la la preocupación americana sobre la forma en la que la CPI les puede afectar debido a su amplia presencia en el mundo.
"Pero pensamos que en el Estatuto de Roma hay garantías suficientes para que todas esas preocupaciones no se conviertan en problemas en la práctica", añadió Ojeda.
Igualmente señaló que "la preocupación americana puede ser resuelta de forma que no socave la CPI".
El portavoz también advirtió que los países que aspiren a entrar en la UE "deberían saber que si quieren lograrlo, tendrán que aceptar las posiciones comunes de la Unión, incluyendo la relativa a la CPI".
En la ampliación de la UE "tiene que haber una convergencia de modelos políticos y económicos", insistió Ojeda.
Al respecto indicó que la UE tiene una posición común sobre la CPI desde hace muchos años y recordó que la Unión ha trabajado "no sólo para conseguir su creación sino para promover su ratificación por tantos países como sea posible, porque creemos que es algo bueno para todos".
La CPI, que es el primer tribunal permanente que puede juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad, cuenta con 90 Estados parte, entre ellos España, pero tiene una fuerte oposición de algunos como China, India, Rusia, Israel y, sobre todo, EEUU.
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