Evo desafía a gobernadores y proliferan las protestas

Evo Morales anunció ayer durante la conferencia de prensa que enviará al Congreso un proyecto de ley que lo habilitará para remover a los gobernadores. Crece la disputa entre el gobierno central y las regiones de Bolivia.

La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - Asociaciones de productores agropecuarios se unirán hoy a los partidos de la oposición, seis de los nueve prefectos (gobernadores) del país y organizaciones cívicas, sectores que ayer comenzaron una semana de protestas y movilizaciones contra el presidente boliviano, Evo Morales. A pesar de estas reacciones contra su gobierno, el líder indígena redobló su apuesta y elevó al Congreso un polémico proyecto de ley para fiscalizar -y eventualmente destituir- a los prefectos electos en diciembre último.

Las principales manifestaciones rechazan que el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), quiera aprobar por mayoría absoluta los artículos de una nueva Constitución, desconociendo los dos tercios exigidos por la Carta Magna actual y una ley de convocatoria promulgada por el mismo Morales en marzo pasado.

Además, hay movilizaciones contra dos proyectos de ley oficialistas, uno para expropiar tierras que el gobierno considere «ociosas» y otro que faculta al Congreso, dominado por el MAS, para fiscalizar a los gobernadores, dejando de hecho en manos de Morales su eventual destitución.

Las protestas fueron minimizadas por el portavoz de Morales, Alex Contreras, quien dijo que el gobierno no está ante una semana crucial ni conflictiva, como indican los medios informativos locales, sino en «una etapa muy sólida de fortalecimiento democrático y participación ciudadana».

Presunto objetivo

El vocero sostuvo además que las protestas buscan que fracase la Asamblea, plan en el que -previsiblemente- involucró a «los partidos neoliberales, algunos malos empresarios,y están por atrás las empresas trasnacionales».

Una de las medidas opositoras comenzó hace seis días, con una huelga de hambre de siete de los ocho constituyentes de la fuerza centrista Unidad Nacional (UN), a la que se sumaron diputados y militantes del partido en todo el país.

Contreras la descalificó ayer, afirmado que esa huelga «no es ética, sino estrictamente estética», porque los militantes de UN y su jefe, el empresario Samuel Doria Medina, « necesitan bajar de peso».

La mayor fuerza opositora en la Asamblea, la alianza Poder Democrático y Social ( Podemos), que tiene 60 escaños, comenzó ayer a analizar sus medidas de protesta contra el oficialismo.

Según dijeron portavoces de la agrupación, no se descartan demandas judiciales contra las decisiones que adopte la Asamblea por mayoría absoluta, en vez de los dos tercios.

Desconocimiento

El MAS, que tiene 137 de los 255 asambleístas, obtuvo 50,7% de los votos en las elecciones de julio pasado y su decisión de aprobar los artículos de la Carta Magna por mayoría le permitirá ignorar la opinión de la otra mitad de Bolivia.

Varias fuerzas minoritarias estudian abandonar la Asamblea o instalar una paralela, ya que sus opiniones no pesarán nada en la redacción de la Constitución. Según Contreras, si la oposición deja la Asamblea, el MAS y sus aliados continuarán con la aprobación de las reformas.

En parte por la misma disputaen la Constituyente, seis de los nueve prefectos departamentales de Bolivia, elegidos como Morales por votación directa en diciembre pasado, rompieron el domingo el diálogo con el presidente.

Son los gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Cochabamba, departamentos que suman cerca de 80% del territorio del país, 80% de los 9,4 millones de bolivianos y 84% del Producto Bruto Interno (PBI).

Protestan porque el MAS desconoce la legalidad vigente en la Asamblea y por el proyecto de ley que ayer fue presentado al Congreso. « Todas las autoridades tenemos que rendirle cuentas al pueblo boliviano», esgrimió el mandatario al presentar la medida.

Esos seis prefectos se reunirán el jueves en la ciudad central de Cochabamba con dirigentes de comités cívicos regionales para definir acciones conjuntas contra el gobierno. «Si ellos continúan en su medida de aislarse de toda relación con el Ejecutivo, veremos quién pierde», advirtió Contreras, y dijo que los prefectos tienen «miedo» de que el Congreso fiscalice sus gastos.

Otra movilización la protagonizarán hoy las poderosas patronales agropecuarias del departamento oriental de Santa Cruz, que temen verse afectadas por el proyecto de ley para confiscar tierras que no cumplan -según el gobierno- una función social.

Los empresarios marcharán entre la localidad de Warnes y Santa Cruz, para rechazar esa norma con la que Morales -incluso amenazando con utilizar la fuerza- quiere hacer una «revolución agraria» y repartir 20 millones de hectáreas a campesinos e indígenas.