Evo Morales destituyó al presidente de YPFB y a otros altos cargos del sector

El presidente de Bolivia, Evo Morales, relevó hoy al principal ejecutivo de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado, acusado de infringir la nacionalización de los hidrocarburos dictada en mayo pasado, y destituyó de paso a todos los altos cargos que hicieron o secundaron esa acusación.

En presencia de Alvarado, Morales tomó juramento en el palacio de gobierno de La Paz al nuevo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Juan Carlos Ortiz Banzer, que hasta hoy era vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de la misma empresa.

Antes, el portavoz presidencial, Alex Contreras, leyó una "carta de renuncia" de Alvarado, en la que califica de "falsas" las acusaciones de corrupción formuladas por la oposición y los medios informativos.

Morales nombró al abogado Santiago Berríos Caballero nuevo superintendente de Hidrocarburos, en reemplazo de Víctor Hugo Sáinz, que había presentado la denuncia contra Alvarado y había resistido las presiones del Ejecutivo para que rectificara.

Berríos había sido nombrado antes síndico (fiscalizador) en Andina, empresa mixta en la que tiene la mayoría de las acciones la hispano-argentina Repsol YPF, pero no pudo asumir su cargo por oposición de ésta, según relató el mismo a Efe.

También hay un nuevo viceministro de Exploración y Producción del ministerio de Hidrocarburos, Guillermo Aruquipa, asesor de la nacionalización, en reemplazo de Julio Gómez, que había criticado a YPFB y apoyado a la superintendencia.

Fueron destituidos hoy, además, el director jurídico de ese organismo regulador, Ramiro Ergueta, y la directora de análisis económico, Tatiana Genucio, que elaboraron el informe contra Alvarado.

El ex presidente de YPFB fue acusado hace cinco semanas de violar las normas de la nacionalización que dictó Morales el 1 de mayo, al firmar un contrato con una intermediaria para exportar crudo a Brasil, porque la petrolera estatal tiene el monopolio de la comercialización de los hidrocarburos.

Además, el contrato se adjudicó sin concurso público y se violaron otras normas de procedimiento, según la superintendencia, el ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría General.

Sin embargo, Morales insistió hoy en que cree en la inocencia de Alvarado, aunque aceptó su renuncia y reconoce que pudo cometer errores, ya que hay en su contra varios dictámenes de "responsabilidad administrativa".

Volvió a denunciar una "conspiración" contra la nacionalización y señaló a la oposición como responsable del periodo de incertidumbre registrado durante el último mes.

"El compañero Alvarado es incorruptible", dijo el gobernante en presencia del ya ex presidente de YPFB.

La superintendencia del sector suspendió el contrato firmado por Alvarado para exportar crudo a Brasil porque, supuestamente, iba a causar pérdidas al Estado por cerca de 38 millones de dólares.

La denuncia, que aún investiga la Fiscalía de La Paz, fue rechazada por Alvarado a pesar de que el ministerio de Hidrocarburos y la Contraloría General emitieron informes coincidentes de que vulneró varias normas.

Los nuevos funcionarios juraron sus cargos ante Morales, el vicepresidente Alvaro García Linera y el ministro del sector, Andrés Soliz Rada, que la semana pasada fue censurado por la mayoría opositora en el Senado.

Con los cambios de hoy, Morales espera zanjar la mayor crisis política de sus primeros siete meses de gobierno, y acallar las críticas que recibe porque su principal bandera, la nacionalización de los hidrocarburos, no ha podido concretarse en aspectos fundamentales.

YPFB no ha podido asumir el monopolio de la comercialización del gas, el petróleo y sus derivados, como manda el decreto del 1 de mayo, por falta de recursos.

Además, están a punto de cumplirse cuatro de los seis meses fijados para negociar nuevos contratos con las multinacionales que operan en Bolivia, encabezadas por la brasileña Petrobras y Repsol YPF, pero las conversaciones están en punto muerto.

La petrolera estatal boliviana tampoco ha conseguido recibir nuevos recursos derivados de la nacionalización, ni dominar la mitad más una de las acciones de cinco empresas mixtas privatizadas por anteriores gobiernos y re-nacionalizadas en mayo.