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16 de octubre 2007 - 00:00

Francia: avanza polémico proyecto para hacer prueba de ADN a inmigrantes

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Diputados y senadores reunidos en comisión mixta paritaria decidieron este martes mantener el recurso facultativo a exámenes genéticos en el proyecto de ley sobre el control de la inmigración, según el modelo corregido elaborado por el Senado, se supo de fuentes parlamentarias.

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Los siete diputados y siete senadores de la comisión, en su mayoría pertenecientes al partido UMP (derecha, en el poder) aprobaron la disposición pero rechazaron una disposición que cuestionaba la recepción de indocumentados en los albergues de emergencia, según participantes en la comisión.

En lo referente a los test genéticos, los parlamentarios mantuvieron una versión corregida por el Senado de la controvertida enmienda original.

El examen genético de ADN para los extranjeros candidatos que quieren reunirse con sus familiares podrá aplicarse experimentalmente hasta el 31 de diciembre de 2009.

Facultativo y a cargo del Estado, estará reservado para los originarios de paises en los cuales "el registro civil presenta carencias o es inexistente".

El examen necesitará también la autorización de un juez, el acuerdo escrito del solicitante y, sobre todo, el acuerdo del Comité nacional consultativo de ética - que ya juzgó el dispositivo "contradictorio con el espíritu de la ley francesa" - antes de que sea aplicado por decreto.

El consenso obtenido en el CMP sobre los puntos del texto que estaban en debate debe ser sometido ahora a un último voto en cada una de las asambleas, para que el proyecto de Brice Hortefeux, titular del nuevo ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional sea definitivamente adoptado.

El examen de las conclusiones de la comisión se efectuará el 23 de octubre en la mañana en la Asamblea nacional (diputados) y luego, en la tarde, por el Senado, cuyo voto significará su adopción definitiva.

Los opositores al examen genético, tanto de la izquierda como también de la derecha, esperan que el dispositivo sea rechazado por el Consejo constitucional, ante el cual apelarán los parlamentarios socialistas.

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