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El funcionario dijo en un comunicado que acudió hoy a la Fiscalía para pedir la averiguación contra Súmate, a la que acusa "por la comisión de ilícitos de naturaleza electoral y penal".
"Súmate se atribuye y usurpa la cualidad y representación de un grupo de electores sin su consentimiento y sin contar con el aval legal y legítimo para realizar este tipo de funciones inherentes a Poderes del Estado", argumentó Rangel en su petitorio.
El número dos del gobierno de Chávez aludió a las gestiones realizadas por asociación civil -que se autodefine como "independiente"- para recolectar, procesar, resguardar y finalmente entregar las firmas para el revocatorio presidencial.
La liga opositora Coordinadora Democrática defendió hoy la labor realizada por Súmate y calificó la acción legal de Rangel como una "artimaña legal" para frenar la convocatoria del polémico revocatorio.
"No veo donde está la ilegalidad de este asunto", dijo el abogado Cipriano Heredia, portavoz de la oposición.
La oposición consignó el 20 de agosto ante la autoridad electoral 3,2 millones de firmas de votantes, una cifra mayor a la que exige la ley, para apoyar la consulta popular sobre la continuidad de Chávez en el poder.
La oposición asegura que esas rúbricas son "válidas" y el oficialismo -por el contrario- sostiene que son "inválidas".
