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La medida, llamada "de Contingencia Civil", otorgará más poderes a los ministros, quienes podrán actuar sin necesidad de llamar a una reunión de emergencia en la Cámara de los Comunes.
Según la ley, el Ejecutivo británico podrá prohibirle a la población el acceso a zonas de peligro, evacuar áreas afectadas, requisar propiedades privadas y aprobar el envío de soldados o policías especiales, sin intervención parlamentaria en situaciones de emergencia nacional.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Liberty Rights pidieron "cautela y sensatez" a las autoridades en el uso de estas leyes. La ley generó preocupación a estas organizaciones que vieron la medida como "un paso más para darle poderes extra y exagerados al gobierno".
Por esas críticas, un comité especial del gobierno había tenido que reducir la definición de "emergencia nacional", que ahora se aplica a "un evento o situación que amenaza o daña el bienestar de la población, el medio ambiente o la seguridad de Gran Bretaña o cualquier zona que le pertenezca al país".
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