Gobierno de Lula vuelve a ceder ante la oposición en reforma de pensiones
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Inicialmente, el proyecto de la reforma de pensiones se aprobó el miércoles de la semana pasada después de maratónicas sesiones de negociación entre el gobierno con su base aliada -dividida sobre dicha reforma- y la oposición.
Una vez aprobado el proyecto en su conjunto por 359 votos a favor, 126 en contra y 9 abstenciones, varios partidos presentaron numerosas enmiendas al mismo, lo que ha ido suavizando los términos de la reforma, que afectará de manera decisiva a los funcionarios públicos.
También prevé la inclusión de 40 millones de trabajadores del sector informal de la economía en la seguridad social.
Según el texto definitivo aprobado en primer turno, los funcionarios brasileños tendrán que trabajar siete años más para poder jubilarse a los 60 años, en el caso de los hombres, y a los 55 en el de las mujeres.
Recibirán una pensión igual a su último salario siempre y cuando éste no sea superior a los 2.400 reales (unos 800 dólares) más el 30% de lo que sobrepase esta cantidad.
Las pensiones de viudez o de dependientes cumplirán los mismos requisitos.
No obstante, las pensiones íntegras sólo las cobrarán aquellos que hayan alcanzado la edad, hayan contribuido 35 años (hombres) y 30 (mujeres), hayan pasado 20 años en el servicio público, 10 años en la carrera y 5 años en el cargo.
Las pensiones superiores a los 1.440 reales (unos 480 dólares) serán gravadas con el 11% para alimentar al propio sistema de la seguridad social.
También fija en el 90,25% del salario de un magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF) 17.340 reales (unos 5.780 dólares) los emolumentos del poder judicial de los estados, que hasta ahora no tenían límites.




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