Llano se hizo cargo de la denuncia de una organización indígena, una asociación de abogados y un frente opositor para acusar al jefe de Estado por «mal desempeño de sus funciones y delitos cometidos en el ejercicio de su cargo». Aunque citó otros delitos, la petición se refiere a los mismos cargos que González Macchi había conseguido neutralizar en el mismo cuerpo legislativo, en julio de 2001, y a una imputación hecha en abril pasado por un fiscal de delitos económicos por supuesto desvío irregular de fondos públicos.
Los diputados, del PLRA y «oviedistas», lo acusan de haber participado en delitos que incluyen la compra de un coche robado en Brasil, desvío de fondos de bancos privados intervenidos por el Estado, fraude en un frustrado proceso de privatizaciones, mala gestión y el desvío de un fondo de 16 millones de dólares a cuentas privadas en Estados Unidos. Sus detractores lo atacan por el «mal desempeño de sus funciones», y lo tachan de «incapaz para el cargo» y responsable de la crisis económica y social que afecta al país.
«Son temas harto conocidos y las fundamentaciones principales se refieren, en primer lugar, al desvío ilegal de fondos de bancos en liquidación», dijo Llano.
La Cámara acordó 15 días de plazo para elevar la acusación al Senado, donde, sin embargo, el presidente cuenta con más respaldo. De acuerdo con la Constitución paraguaya, la Cámara baja está facultada a oficiar de acusador, mientras que el Senado hará de juez en una sesión pública en la que se requiere una mayoría absoluta de dos tercios de sus 45 miembros para destituir al jefe de Estado.
Según fuentes políticas asunceñas, consultadas por
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