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Convocados por la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), los manifestantes también ocuparon hoy fincas y cerraron las vías de acceso a la ciudad capital en acciones que -de acuerdo con los pronósticos- pueden prolongarse de dos a tres días.
En conversación con periodistas, Daniel Pascual, dirigente de la CNOC, señaló hoy que la protesta demuestra que el movimiento campesino "no se dejará intimidar por el gobierno ni por los empresarios del ramo y luchará por sus reclamos, que son una justa demanda al derecho a la vida".
"La demostración es un mensaje claro a las autoridades de que no estamos intimidados y que seguiremos la lucha por nuestras reivindicaciones ante las insuficientes propuestas del Ejecutivo y las amenazas del empresariado que pretende procesar judicialmente a seis dirigentes nacionales", agregó.
De acuerdo con los primeros informes, en algunos puntos del país se están ocupando instituciones oficiales como el Fondo de Tierras, entidad a la que reclaman mayor eficiencia en la compra de fincas para ser entregadas a los labriegos.
Se calcula que unos 35 mil campesinos se han sumado a la demostración que afecta carreteras vitales del país y que puede radicalizarse en los próximos días.
El sector reclama de la administración del Frente Republicano Guatemalteco (FRG) una solución concreta y definitiva al problema agrario, luego de rechazar la estrategia presentada que consideran insuficiente para una salida al ancestral asunto de la tenencia de la tierra.
Asimismo, reclaman un incremento al presupuesto del Fondo de Tierra, pues su propuesta de mil 200 millones de quetzales (unos 158 millones de dólares al cambio actual) fue limitada en el Congreso a 270 millones de quetzales (algo mas de 35 millones de dólares).
"Esos fondos no alcanzan para lo principal, que es la compra de fincas y créditos para trabajarla", comentó al respecto Manuel Pérez, también de la CNOC.
Los campesinos demandan asimismo el cese de la represión contra el movimiento campesino, la suspensión del desalojo de las fincas ocupadas, el retiro de las órdenes de captura contra líderes nacionales del sector y el esclarecimiento de asesinatos perpetrados contra dirigentes locales.
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