Brasilia (DPA, ANSA, O Estado de Sao Paulo) - Los líderes de la huelga proyectada por los jueces brasileños para el próximo 5 de agosto anunciaron ayer la suspensión de la medida debido a la posibilidad de que el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva acceda a parte de sus demandas.
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Los jueces estaduales y laborales defienden su derecho a percibir cuando se jubilan hasta 90,25% del sueldo más elevado del Poder Judicial, que es el máximo previsto en la Constitución para los jueces de la Corte Suprema (17.300 reales, o 6.000 dólares). El gobierno les ofreció 75% de ese valor y se ha abierto un cauce para alcanzar un acuerdo, aunque Lula tendrá la última palabra.
Los líderes judiciales se reunieron ayer con el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), Maurício Correa, quien apoya sus reivindicaciones pero se opuso firmemente a la inédita huelga de la magistratura.
Las marchas y contramarchas del gobierno en este tema clave comienzan a desconcertar al mercado, que en los últimos días mostró una caída de las acciones y del real. Pero se analiza que Lula está encontrando resistencias en su intento de modernizar a Brasil y se espera que la reforma, clave a futuro, logre poner fin a los privilegios de los sindicatos estatales, que irritan a los trabajadores del sector privado.
Las pensiones públicas son un grave problema para las finanzas del gobierno y el año pasado costaron a las arcas públicas 5% del Producto Bruto Interno. Para este año, se estima que el déficit del sistema previsional llegará, sin la reforma, a más de 18.300 millones de dólares.
El nuevo giro descolocó al influyente ministro jefe de la Casa Civil, José Dirçeu, quien el martes a la noche sostuvo que el gobierno defendería la versión del proyecto de ley presentada por el congresista de la Cámara baja, José Pimentel, que incluye los elementos principales de la reforma, como elevar la edad mínima de retiro y cobrar impuestos a las pensiones más altas de los funcionarios públicos retirados. El comité ejecutivo del Partido de los Trabajadores del presidente Lula también votó para apoyar el proyecto de Pimentel y prometió enfrentar a cualquier congresista que se desvíe de la línea del partido. «Todos los congresistas tienen que votar el proyecto de Pimentel», dijo el presidente del PT, José Genoino.
•Aliados en huelga
El plan ha enfrentado a Lula con sus aliados tradicionales, los empleados públicos, que mantienen una huelga desde hace más de tres semanas. Ahora, para debilitar la protesta, el gobierno los amenaza con descontar de los salarios los días no trabajados.
A pesar de las declaraciones de Dirçeu, Pimentel señaló que podría estar cerca de llegar a un acuerdo con los jueces para elevar su tope salarial.
«Estamos muy próximos a llegar a un acuerdo», dijo Pimentel a periodistas, después de reunirse con el presidente del STF, Maurício Correa.
No obstante, el gobierno podría enfrentar grandes desafíos para lograr que el pleno de la Cámara baja apruebe la iniciativa, no sólo de los legisladores de la oposición, sino también de los parlamentarios de línea dura de su propio partido, que desean mantener intactos los beneficios de los servidores públicos. Además, sostienen los radicales, las concesiones a los jueces benefician a los receptores de salarios más altos del Estado, por lo que también llegó la hora de atender los reclamos de quienes ganan menos.
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