El partido de Henrique Capriles fue intervenido por la justicia, acusada de servir al chavismo.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, señalado por responder al gobierno de Nicolás Maduro, ordenó suspender a la cúpula del partido opositor Primero Justicia (PJ), al que pertenecen Henrique Capriles y Julio Borges, tal y como hizo en la víspera con Acción Democrática (AD), en el marco de lo que la oposición venezolana interpreta como una ofensiva judicial para socavar sus opciones de cara a las elecciones parlamentarias de este año.
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"La Sala Constitucional del TSJ decretó medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual junta directiva de la organización con fines políticos Primero Justicia", anunció el alto tribunal.
Primero Justicia, uno de los grandes partidos de la oposición antichavista, está dirigido por Tomás Guanipa, como secretario general, y por Borges, como coordinador nacional, que ahora quedarían cesados.
En su lugar, el TSJ designó una "junta directiva 'ad hoc' para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario", poniendo al frente a José Brito, a quien corresponderá a partir de este momento la designación de los demás cargos de Primero Justicia y de "las autoridades regionales, municipales y locales".
Además, el determinó que la nueva cúpula podrá utilizar la tarjeta electoral, el logotipo, los símbolos y "cualquier otro concepto propio de la señalada organización", informó la agencia Europa Press.
Asimismo, ha decidido dejar temporalmente sin efecto "los actos de expulsión o exclusión partidista y suspensión, entre otros, efectuados por los miembros de la junta directiva de Primero Justicia contra sus militantes y, específicamente, los que recaen sobre los ciudadanos accionantes".
Esta decisión judicial obedece, precisamente, a una acción emprendida por Brito y Conrado Pérez, antiguos miembros de PJ que fueron expulsados del partido cuando se alinearon con el chavismo para arrebatar al líder opositor Juan Guaidó la Presidencia de la Asamblea Nacional y poner en su lugar a Luis Parra, también expulsado por ello de PJ.
El TSJ actuó de la misma forma el lunes contra la cúpula de Acción Democrática (AD), cesando a Henry Ramos Allup como su principal responsable y nombrando en su lugar a Bernabé Gutiérrez, desmarcado de la línea oficial de AD.
La AD de Ramos Allup ha anunciado en las últimas horas la expulsión de Gutiérrez porque "conspiró con distintos factores del régimen de Nicolás Maduro para que Acción Democrática se incorpore a una falsa oposición dirigida por el régimen dictatorial".
El Centro de Comunicación Nacional, que ejerce de oficina de prensa de Guaidó como autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, ya advirtió de que el ataque contra AD era el primer paso de una ofensiva para sustituir a la actual oposición por "una oposición leal" que encabezaría Parra.
"Hoy intentan robar nuestras siglas prolongando la práctica de la usurpación, creyendo que por decreto se puede engañar. Pero no han podido lograr que se reconozca como legítimo a su régimen criminal y tampoco podrán engañar a la dirigencia, militancia y especialmente a los millones de venezolanos", reaccionó Primero Justicia en Twitter.
El PJ reprochó a "la dictadura de Nicolás Maduro" que "le quitó la paz a los venezolanos, mata de hambre a sus compatriotas y ha empujado a millones a cruzar nuestras fronteras", si bien ha subrayado que "junto al pueblo venezolano hubo y habrá un justiciero".
Capriles, por su parte, advirtió a los venezolanos de que el partido cae ahora en manos de "una basurilla muy corrupta" y les ha instado a no dejarse embaucar. "La razón de esta decisión, lo que busca, es que usted tire la toalla, que la gente claudique", ha indicado.
Venezuela debe celebrar este año unas elecciones parlamentarios que son clave porque, si la oposición pierde la Asamblea Nacional, Guaidó dejará de ser su titular y con ello perderá la legitimidad constitucional para mantenerse como autorpoclamado presidente de Venezuela.
A ello se suman las recientes decisiones del TSJ para arrebatar a la Asamblea Nacional la potestad de nombrar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral -pieza fundamental para unos comicios limpios- y designar a sus nuevos integrantes.
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