La Fiscalía de Bolivia declaró nuevas imputaciones contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido y encarcelado por su papel en las violentas manifestaciones y protestas que en 2019 forzaron la caída del entonces presidente Evo Morales, y que implicarían una extensión de su estado de prisión preventiva durante otros cuatro meses.
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Camacho estaba siendo juzgado por terrorismo en grado de autoría en el marco del caso 'golpe de Estado I', que aborda los hechos acontecidos en noviembre de 2019, cuando el presidente Morales se vio obligado a abandonar el país por presiones militares y en medio de sospechas por la transparencia de las elecciones.
Ahora, la Fiscalía le agregó a la imputación una amplia variedad de delitos que van desde financiación de actos terroristas hasta el uso indebido de bienes y servicios públicos como gobernador de la región más rica de Bolivia e históricamente contraria a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) fundado por Morales y al que pertenece el actual presidente, Luis Arce.
Su abogado, Martín Camacho, declaró que esta imputación, presentada ayer ante el Juzgado 1° de Instrucción Anticorrupción de La Paz, implica que los fiscales "están solicitando cuatro meses más de detención por estos supuestos nuevos delitos dentro del mismo caso que ya está detenido", informó la agencia de noticias Europa Press.
"Lo que busca el Gobierno, obviamente, es continuar con esta injusta detención agregándole cuatro meses más", agregó.
El próximo 30 de abril se cumplirán los cuatro meses de prisión preventiva que habían sido decididos por la Justicia el pasado 30 de diciembre.
Desde el 30 de diciembre de 2022, el gobernador cruceño está recluido en la cárcel de Chonchocoro, en el municipio de Viacha de La Paz, por el caso golpe de Estado.
Luego que fue detenido, grupos violentos vinculados a los cívicos y a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) saquearon y quemaron instituciones públicas.
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