Lagos propone en Chile que se vote "obediencia debida"

Mientras en la Argentina se vuelve al revisionismo y el Congreso anula «leyes del perdón», que sólo tendrán efectos simbólicos, en Chile el presidente Ricardo Lagos acaba de presentar un plan que sentó un precedente histórico en ese país: el reconocimiento de la «obediencia forzada» de soldados y policías de bajo rango que participaron en crímenes cumpliendo órdenes durante la dictadura desde 1973 a 1990. Una versión de la Obediencia Debida argentina, que exculpó a cientos de militares acusados de violación de derechos humanos.

La «obediencia forzada» propone diferenciar la responsabilidad de quienes actuaron bajo el temor a represalias que amenazaban sus vidas, de aquellos que organizaron, planificaron la represión, dieron las órdenes, dirigieron la ejecución de los crímenes o los ejecutaron directamente con pleno discernimiento.

La propuesta presidencial chilena incluyó una rebaja de penas para quienes aporten información a la Justicia sobre las personas desaparecidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet. Y también, el reparo económico para las víctimas y sus familiares por casos de violaciones a los derechos humanos.

Reconoció como marco jurídico la «aplicación de la ley vigente», pero no hizo ninguna referencia a anular la actual Ley de Amnistía que libera de castigo los delitos cometidos entre 1973 y 1978.

El plan de Lagos para dar reparo a las violaciones a los derechos humanos recogió aplausos entre los políticos, incluyendo a la derecha opositora, y algo de reparo entre los familiares de las víctimas.

Lagos acogió opiniones de todos los sectores sociales y políticos, incluyendo de los que colaboraron con la dictadura y que, por primera vez, admitieron la existencia de delitos que causaron más de 3.000 muertes y desapariciones.

• Realismo

«No dejemos nunca de pensar y reconocer, con humildad y realismo, cuáles fueron los errores individuales y colectivos que nos llevaron a un momento terrible en nuestra historia patria. Nadie puede declararse ajeno a la profunda división que ocurrió entre nosotros los chilenos y que nos condujo a la catástrofe antidemocrática que todos conocemos», dijo Lagos en la presentación de su plan de pacificación.

Además de las rebajas de penas, que pueden llegar incluso a la completa inmunidad para quienes den datos fundamentalmente sobre el paradero de más de un millar de desaparecidos, Lagos propuso mejorar las indemnizaciones que reciben hace doce años los familiares de las víctimas.

Nada dijo, sin embargo, sobre la vigencia de una ley de amnistía dictada por Pinochet en 1978 que permite, a voluntad de los jueces, eximir penalmente a quienes hayan cometido delitos antes de esa fecha, lo que organismos de derechos humanos repudian.

• Desaparecidos

Como contrapartida, tampoco se refirió a la figura jurídica del «secuestro permanente», que varios tribunales han admitido en casos de desaparecidos cuyos cuerpos no han sido hallados y que ha permitido el procesamiento de centenares de ex uniformados.

Quienes asesoraron a Lagos en el diseño de su propuesta niegan que ella de pie para la impunidad y para un cierre masivo de procesos contra uniformados.

«Ofrece rebaja de penas, no para los que planificaron la masacre, sino para cierto tipo de crímenes, de cómplice, de encubridor», precisó.

Por esta cuestión muchos de los ex altos mandos militares actualmente procesados por violaciones a los derechos humanos no podrían eludir su responsabilidad penal aunque, eventualmente, luego terminen siendo amnistiado, según la decisión de los jueces que llevan sus causas.

El único que no sería alcanzado por este plan, sería Pinochet, quien hace un año fue declarado inimputable ante la Justicia chilena por «demencia».