Roma (EFE, ANSA) - El Senado italiano aprobó ayer la ley que contempla la inmunidad para los cuatro cargos más importantes del Estado, que fue calificada por la oposición como una norma para salvar al primer ministro, Silvio Berlusconi, de sus problemas con la Justicia.
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Doce días después de que la Cámara de Diputados diera el sí al proyecto de ley, conocido como «lodo Alfano», en referencia a que su autor es el ministro de Justicia, Angelino Alfano, el Senado, con 171 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones lo convirtió ayer en ley. Esta es una de las leyes aprobadas con más rapidez por el Parlamento italiano, ya que sólo pasaron 25 días desde que el 27 de junio el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley, en medio de las críticas de la oposición.
El «lodo Alfano» contempla la suspensión de procesos penales, incluidos aquellos antes de acceder al cargo, contra el jefe del Estado, el presidente del gobierno y los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado.
En los casos del jefe del Estado y del presidente del gobierno quedan excluidos de esta inmunidad los posibles delitos cometidos durante el ejercicio de su función.
La oposición presentó una enmienda, que fue aceptada, que establece que la suspensión de los juicios no se aplique en el caso de sucesivas investiduras del gobierno.
Tras aprobarla el Senado, Antonio Di Pietro, líder del partido Italia de los Valores (IDV), anunció que a partir de enero comenzará a recoger firmas para convocar un referendo para que sea derogada.
Berlusconi justificó la ley afirmando: «No es posible que me tenga que dedicar todos los sábados a preparar las audiencias de los juicios en vez de trabajar para el país».
Esta es la segunda vez que Berlusconi presenta una normativa que la oposición consideraque está hecha a su propia medida. En 2004 lo intentó, pero, tras ser aprobada por el Parlamento, el Tribunal Constitucional la anuló al considerarla contraria a la carta magna.
Para evitar problemas de constitucionalidad, la nueva ley incluye algunos cambios, como que las víctimas de los procesos contra estos altos funcionarios puedan continuar sus acciones legales por la vía civil. Otra diferencia de este proyecto de ley con el de 2004 es la exclusión de presidente del Tribunal Constitucional, que sí figuraba en aquella ocasión como otro de los beneficiarios. Además, establece como límite de la inmunidad la duración del mandato e introduce la posibilidad de renunciar a este privilegio.
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