La Paz (Télam/SNI).- La seria crisis que atraviesa Bolivia abrió ayer un espacio para imaginar una salida negociada, por la nueva reunión que mantendrá hoy el presidente Evo Morales con prefectos opositores y por la admisión del propio mandatario de que podría modificar su proyecto de nueva Constitución para incluir las autonomías departamentales.
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Con todo, Morales -que el lunes recibirá seguramente el respaldo de sus pares de la región, que se reunirán en Santiago de Chile- dejó en claro que la chance de "revisar" el texto de la nueva Carta Magna no se choca con "el proceso de cambios, que seguirá su marcha".
"Hubo avances. Mañana (hoy) en la tarde habrá otra reunión, esperando que las consultas avancen, pero yo la semana pasada consulté a los sectores sociales del país si estamos de acuerdo en compatibilizar el capítulo de autonomías de la nueva Constitución política del Estado y ellos me dieron la autorización de revisarla", explicó ayer Morales.
Tras la extensa reunión de 8 horas con el prefecto de Tarija, Mario Cossío, representante de sus cuatro pares en rebeldía, Morales aseguró en conferencia de prensa que "hay que debatir" cómo incorporar las autonomías en la carta Magna, pero, por lo pronto, remarcó que existe "total apertura".
Esa chance y el diálogo abierto entre gobierno y oposición parecieron servir al menos hoy para frenar la escalada de violencia tras el enfrentamiento entre oficialistas y opositores en la región de Pando que causó 16 muertos.
Una posibilidad que algunos medios citaron es que, además de los cambios en el proyecto constitucional -que debe someterse a una consulta- es que el Ejecutivo acepte devolver la parte recortada del Impuesto a los Hidrocarburos, pero los prefectos se comprometan a financiar la renta a la vejez a la que se destinó ese dinero.
En su conferencia, Morales afirmó que "la lucha de Bolivia y de Latinoamérica es un proceso de rebelión y liberación frente al imperio, porque donde está el imperio no hay desarrollo, no hay independencia y no hay dignidad".
Formalmente, el mandatario llamó a la prensa al Palacio Quemado para "agradecer la solidaridad de la comunidad internacional" y la decisión de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de convocar a una reunión urgente de la UNASUR el lunes, para pronunciarse sobre la crisis política en Bolivia.
El presidente volvió a relacionar a "los pequeños grupos reaccionarios" con las actividades del embajador norteamericano en La Paz, Philip Goldberg, al que el jueves declaró persona no grata, aunque reiteró que no pretende romper relaciones con Estados Unidos.
El presidente aceptó responder sólo dos preguntas sobre la coyuntura política a raíz del estado de sitio en Pando, que dictó el viernes, y la tentativa de diálogo político con la oposición.
Denunció entonces que el del jueves en el departamento amazónico del norte del país "no fue un enfrentamiento, sino una masacre que es delito de lesa humanidad".
"Hubo gente que me llamó después y me dijo que si no dictaba el estado de sitio yo sería enjuiciado", explicó.
Al menos 16 personas murieron y unas 50 resultaron heridas en los sucesos de la carretera Cobija-Porvenir y el presidente culpó hoy al prefecto Leopoldo Fernández de haber contratado "a sicarios peruanos y brasileños" para que ataquen a los campesinos.
El prefecto opositor, por su parte, rechazó esa acusación presidencial y se declaró escéptico sobre los resultados del diálogo que continuará hoy, con asistentes aún no definidos.
El viernes, al disponer el estado de sitio, otras dos personas murieron (un conscripto y un civil) cuando un contingente militar recuperó el aeropuerto de Cobija, que estaba ocupado por los opositores desde hace seis días, pero hoy Morales descartó que esa medida pueda extenderse a otras regiones.
En sus declaraciones, el prefecto Fernández reclamó una investigación internacional por las muertes registradas en la zona y advirtió que el estado de sitio dictado por el Ejecutivo agravará la situación.
"Lo que se debe hacer es que una comisión investigue todo esto para cumplir el objetivo de pacificación, porque con el estado de sitio nadie puede prever el desenlace de los acontecimientos", afirmó Fernández, que insistió con que la declaración del estado de excepción "agudizará la crisis política".
Para Fernández, el diálogo es "siempre una instancia que hay que utilizar, pero se vio durante mucho tiempo que las manifestaciones de voluntad del gobierno no pasan de eso y son una expresión de dientes para afuera".
Aunque no estará directamente relacionado con lo que ocurra en Bolivia, será importante el pronunciamiento que la UNASUR dará el lunes desde Santiago, sede elegida porque Chile tiene la presidencia pro-témpore del bloque.
La presidenta Bachelet explicó que los mandatarios buscarán "mirar cómo desde UNASUR se puede tener una actitud positiva, constructiva, que permita acercar las partes y buscar apoyar los esfuerzos del pueblo boliviano y del gobierno para ir en pos de una garantía de su proceso democrático".
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