Las protestas
sindicales que
colapsaron ayer
La Paz tuvieron
diferentes motivaciones,
pero todas
coincidieron en su
rechazo al
gobierno de Evo
Morales. La
tensión social y
política se hace
cada vez más
palpable en
Bolivia.
La Paz (EFE, AFP, ANSA, Reuters) - Protestas sindicales y sociales de tono opositor colapsaron ayer La Paz y derivaron en diversos hechos de violencia, lo que llevó al gobierno de Evo Morales a apelar a policías y militares para mantener un orden que cada día parece más precario.
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En tanto, el mandatario izquierdista salió a restar importancia a los rumores sobre la posibilidad de un golpe de Estado en su contra, y dijo que si hay algún aventurero que quiere acabar con la democracia, será castigado por el pueblo.
A su vez, el portavoz presidencial, Alex Contreras, descartó que una eventual asonada pueda tener éxito porque -dijo- Morales tiene el respaldo de las fuerzas armadas, de la policía y de la mayoría de los movimientos sociales.
Para Contreras, las versiones sobre una asonada militar «son una ola de rumores», aunque reiteró denuncias anteriores sobre una conspiración financiada «por una transnacional», a la que no identificó, y apoyada por empresarios latifundistas, para desacreditar a Morales.
La Confederación de Choferes de Bolivia amenazó ayer a Morales con una huelga nacional de 48 horas, y la Central Obrera Boliviana (COB), mayor entidad gremial del país, insistió en que lo enjuiciará por la muerte de 16 trabajadores la semana pasada en el distrito minero de Huanuni.
Manifestaciones
Las amenazas coincidieron en una jornada de protestas que incluyó varias manifestaciones callejeras, el segundo día sin transporte público en La Paz, una huelga de maestros, enfrentamientos de manifestantes con policías, agresiones a periodistas y destrozos en el centro de esta ciudad, sede del gobierno.
Curiosamente, ayer se cumplieron 24 años de la restauración democrática, entre denuncias del gobierno de «intentos desestabilizadores» y rumores de golpe lanzados por grupos sindicales.
En tanto, el secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes, uno de los sindicatos más poderosos del país, José Luis Cardozo, advirtió del posible paro nacional mañana y el viernes si el gobierno no anula antes una ley que permite regularizar 60.000 vehículos que entraron en el país de contrabando.
Pese a que 400 dirigentes de la Confederación están en huelga de hambre desde el lunes, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, dijo que la ley no será revisada y que sólo puede discutirse su reglamentación, lo que es rechazado por el sindicato.
Por otro motivo, el rechazo a un plan municipal para reordenar el tráfico, el sindicato de transportistas de La Paz cumplió ayer su segundo día de huelga y organizó una marcha que causó destrozos en el centro de la ciudad.
La manifestación de los transportistas paceños, de cerca de 3.000 personas, fue frenada por la policía cuando intentaban acercarse a la sede de la Alcaldía. Los choferes de La Paz demandan la renuncia del alcalde, Juan del Granado, a quien acusan de perjudicarlos con la reorganización del tráfico dispuesta mientras se efectúan obras de ornato público en vías troncales.
Control militar
Efectivos del ejército ayudaron a los policías a controlar la marcha y evitar que los conductores bloquearan las calles con sus vehículos, como ocurrió el lunes, cuando el paro tuvo un mayor efecto que ayer en La Paz.
Por otra parte, desde la ciudad aledaña de El Alto bajó ayer al centro de La Paz una marcha de más de 1.500 personas, organizada por la COB y el sindicato de mineros de la empresa estatal Comibol. Esta manifestación exigía al gobierno una solución inmediata al conflicto que originó la semana pasada una batalla campal, con armas de fuego y dinamita,entre dos grupos rivales de mineros que se disputan el mayor yacimiento de estaño de Bolivia, en la localidad de Huanuni, departamento de Oruro.
Los choques del jueves y el viernes pasados dejaron 16 muertos y 61 heridos, según cifras oficiales, entre obreros de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y sus adversarios de la Federación de Cooperativas Mineras (Fecomin).
El máximo responsable de la COB, Pedro Montes, tocado con su casco de minero asalariado, dijo que esa organización no puede permitir que el Ejecutivo de Morales abandone a los huérfanos y las viudas de ese conflicto.
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