Niegan a Batasuna la suspensión de su ilegalización
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Las autoridades españolas iniciaron en 2002 un complejo proceso legal y político para dejar fuera de la ley a Batasuna y para ello contaron con el apoyo del poder judicial y del Parlamento.
El proceso tiene como base la nueva Ley de Partidos, aprobada en junio de ese año y que permite la ilegalización de las formaciones políticas que apoyen el terrorismo.
De acuerdo con esta normativa, las actividades de Batasuna fueron suspendidas por el Tribunal Supremo el pasado 28 de marzo, al considerar que esa formación y sus predecesoras, Herri Batasuna (HB) y Euskal Herritarrok (EH), tienen una "identidad sustancial" con el grupo terrorista ETA.
La sentencia dictada por el Supremo argumentó que HB, EH y Batasuna son producto de "una estrategia de desdoblamiento de ETA" y que han recibido órdenes de ese grupo terrorista.
En el auto conocido hoy, el TC recuerda que el Supremo consideró acreditado que Batasuna vulneró con su actividad, tras la entrada en vigor de la Ley de Partidos Políticos, los principios democráticos, persiguiendo "el deterioro o la destrucción del régimen de libertades".
"Es evidente que la no suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida durante la tramitación de este proceso constitucional podría ocasionar directamente" a Batasuna "unos perjuicios graves", admite el auto.
Sin embargo, el TC no considera suficiente "la gravedad de tales perjuicios" como para acceder a la petición de la coalición independentista vasca.




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