La fiscal general de Estados Unidos defendió públicamente la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y sostuvo que el operativo respondió a acusaciones penales vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, en una declaración que refuerza el enfoque judicial con el que Washington busca justificar la intervención en Venezuela. Así lo expresó Pamela Bondi, la jefa de los fiscales estadounidenses, quien envió un mensaje este domingo en las redes sociales.
Según explicó la máxima autoridad del Departamento de Justicia, la captura de Maduro se enmarca en causas abiertas desde hace años en tribunales federales, donde se lo acusa de liderar o facilitar redes de tráfico de drogas que habrían operado a escala continental. En ese sentido, subrayó que Estados Unidos “actúa conforme a la ley” y que ninguna investidura política otorga inmunidad frente a delitos federales graves.
La Justicia de Estados Unidos, sobre el gobierno de Nicolás Maduro: "Optaron por continuar con su conducta delictiva"
"Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse".
La fiscal general remarcó además que la acción no estuvo motivada por diferencias ideológicas, sino por la aplicación del sistema judicial estadounidense contra organizaciones que, según su visión, representan una amenaza directa a la seguridad nacional. El mensaje apuntó a diferenciar el plano penal del político, aunque la detención del mandatario venezolano generó fuertes cuestionamientos internacionales por el alcance extraterritorial del operativo.
Las declaraciones se producen en un contexto de máxima tensión geopolítica, con reacciones dispares en América Latina y advertencias de distintos gobiernos sobre el precedente que sienta la captura de un jefe de Estado en ejercicio. Mientras Washington insiste en el carácter judicial del caso, crecen los interrogantes sobre el impacto regional de la medida y sus consecuencias para el orden internacional y el principio de soberanía.
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