Pese al masivo paro general, el gobierno de Rajoy confirmó que la reforma laboral "es imparable"

Los principales sindicatos encabezaron las protestas contra los ajustes del Gobierno español.

El Gobierno español, que preside el líder conservador Mariano Rajoy, descarta modificar en su esencia la reforma laboral que le costó la primera huelga bajo su mandato, y que transcurrió con un alto acatamiento, según los sindicatos.

El paro de veinticuatro horas, que fue convocado conjuntamente por los dos principales sindicatos españoles -Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT)-, tuvo mayor incidencia en la industria y menor repercusión en los servicios, el comercio y el sector público.

Según el Gobierno, el impacto "ha sido muy moderado" y la actividad económica se vio menos afectada en este paro que en otros anteriores, como el de septiembre 2010, convocado también contra una reforma laboral pero entonces aprobada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La valoración del Ejecutivo fue realizada a última hora de la tarde por la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, que basó sus cálculos en datos como el consumo eléctrico o la incidencia en el sector público, en el que el paro fue seguido por el 16,71 % en la Administración General del Estado, el 19,42 % en las administraciones autonómicas y el 15,24 % en la local.

Los sindicatos sostienen sin embargo que el apoyo fue masivo, calculado en torno a un 77 por ciento, aunque con distinta incidencia según los sectores.

Aunque la tónica general ha sido la normalidad con la que ha transcurrido la jornada de huelga, Díaz informó de 176 detenciones en diversos incidentes, con 58 agentes de seguridad y 46 ciudadanos heridos.

La huelga tuvo su colofón con manifestaciones en las principales ciudades españolas, en las que miles de personas expresaron su rechazo a la nueva legislación laboral, que rige las relaciones entre empresarios y trabajadores.

Las manifestaciones transcurrieron en general sin incidentes, pero al término de la concentración de Barcelona se produjeron duros enfrentamientos entre algunos grupos y agentes antidisturbios.

En Madrid, al final de la marcha, en la emblemática Puerta del Sol, en el corazón de la capital española, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, afirmó que "más de un millón de personas en Cataluña, casi un millón en Madrid" han salido hoy a la calle en defensa "de sus derechos y del modelo social que tanto tiempo les ha costado a los ciudadanos de este país".

Al igual que hiciera en una conferencia de prensa horas antes con el líder de UGT, Cándido Méndez, Toxo volvió a dirigirse al Ejecutivo de Rajoy para pedirle que reconsidere su posición sobre la reforma laboral.

"Todavía está a tiempo de reconducir las cosas antes de provocar más daño", afirmó.
Los sindicatos han emplazado al Ejecutivo a que haga "una señal" en esa dirección antes del 1 de mayo, el día de la fiesta de los trabajadores.

De no recibirla, advirtieron que proseguirán la movilización contra la reforma laboral, que consideran que perjudica a los trabajadores porque facilita y abarata el despido, daña derechos adquiridos y no contribuirá a relanzar la economía, además de resultar ineficaz para la generación de empleo en un país que tiene 5,2 millones de parados (el 23% de la población activa).

La respuesta del Gobierno a la petición de modificar la normativa laboral la dio la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quien afirmó que la reforma "en su parte troncal" no se va a modificar y sostuvo que "la agenda reformista es imparable".

La huelga coincidió con la fecha simbólica de los primeros cien días del gobierno de Rajoy, que ha concentrado sus principales decisiones en medidas para reducir el déficit público con el objetivo de dejarlo este año en el 5,3 % del PIB, como exige la Unión Europea.

Se produjo además la víspera de la presentación de los esperados Presupuestos Generales del Estado que deben especificar las áreas en las que el Ejecutivo va a llevar a cabo los recortes necesarios para dejar el déficit en el 5,3 por ciento del PIB.

La actuación del Gobierno de España está bajo la lupa de la UE y también de los mercados financieros internacionales, que en las últimas semanas aliviaron las fuertes presiones que habían mantenido sobre la deuda española a raíz del rescate de Grecia.