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20 de mayo 2008 - 00:00

Prepara Raúl Castro una nueva ola de represión

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Manuel Hevia, director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, y la funcionaria de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, presentaron ayer documentos que, según ellos, prueban los vínculos entre exiliados de Miami, el gobierno de EE.UU. y la disidencia interna.
La Habana (EFE, AFP, ANSA, Reuters) - Cuba acusó ayer al jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) en La Habana, Michael Parmly, y a otros diplomáticos norteamericanos de actuar como «correos» para entregar a miembros de la disidencia interna dinero procedente de grupos de exiliados en Miami.

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Santiago Alvarez Fernández Magriña, un anticastrista preso en EE.UU. por posesión ilegal de armas, «desde su cómoda prisión se las arregla para enviar dinero y ayuda material a mercenarios en Cuba con el apoyo del jefe de la SINA, el señor Michael Parmly», afirmó la titular de la Dirección de América del Norte del Ministerio del Exterior cubano, Josefina Vidal, en conferencia de prensa en La Habana.

En el encuentro, el director del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado, Manuel Hevia, reveló intercambios de correos-e y fragmentos de conversaciones telefónicas que afirmó constituyen «pruebas irrefutables» de la actuación de Parmly y otros diplomáticos como «emisarios de trasiego de dinero entre terroristas asentados en territorio norteamericano y contrarrevolucionarios en Cuba». Pese a estas «pruebas», los funcionarios no revelaron si se procederá penalmente contra los disidentes denunciados.

Acusaciones similares a las realizadas ayer llevaron en 2003 a la detención y condena a altas penas de prisión de 75 disidentes, 55 de los cuales continúan encarcelados. En una breve reacción desde la SINA, un diplomático, que no quiso revelar su nombre, indicó que «EE.UU. provee desde hace tiempo ayuda humanitaria al pueblo cubano, específicamente a las familias de prisioneros políticos que no son bien tratadas por su propio gobierno», señaló el funcionario. «Esta ayuda no tiene un propósito político», aseveró.

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