Los cuerpos de los ocho jóvenes asesinados en Sao Gonçalo.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió este martes una investigación imparcial, que responsabilice a los policías acusados de haber torturado y ejecutado a ocho jóvenes en una favela de Sao Gonçalo, en el Gran Río de Janeiro, durante una operación policial como represalia por la muerte de un agente.
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"Le pedimos al Ministerio Público que conduzca una investigación independiente completa, imparcial y eficaz sobre las muertes, de acuerdo a los estándares internacionales", dijo Marta Hurtado, vocera de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Ocho cadáveres de jóvenes, tres de ellos con antecedentes criminales, fueron encontrados mutilados y con signos de tortura el lunes, luego de una intervención del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) que duró casi 48 horas dentro del complejo de favelas de Salgueiro, en los suburbios de Río de Janeiro.
La acción se desencadenó porque el sábado por la mañana un agente de la policía fue asesinado dentro de la favela.
"La policía entró a nuestra casa, sacó a nuestro primo y apareció horas después ejecutado en un pantano con otros muchachos", dijo a la televisión una testigo de la acción policial.
Vecinos de la favela dijeron que conviven con el miedo de las operaciones policiales contra el crimen organizado.
Las ejecuciones no fueron asumidas por la policía pero se sospecha que fueron ejecuciones extrajudiciales perpetradas por "milicianos", como se conoce a los escuadrones de la muerte, policías de civil que aprovechan la información de inteligencia que poseen.
La defensoría de Río de Janeiro acusó a los policías de haber actuado en "venganza" y fuera de la ley.
Los paramilitares son responsables de gran parte de la violencia de Río de Janeiro, ya que han asumido el control del narcotráfico en varias regiones y cobran a la población para hacer una seguridad privada en las favelas. Por lo general se trata de policías y militares fuera de servicio.
Estos grupos paramilitares en el pasado fueron reivindicados y condecorados por la familia del presidente Jair Bolsonaro.
Estas mafias están acusadas de haber asesinado en 2018 a la concejal socialista y activista negra Marielle Franco.
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