Sale Europa a la caza de inmigrantes calificados
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En cuanto a los puntos más polémicos, el referido a las regularizaciones de clandestinos fue levemente flexibilizado para admitir los casos por razones económicas, y la idea de un «contrato de integración» con obligación de aprender la lengua del país de recepción fue retirada.
Durante la reunión, los ministros de «los 27» dieron, por otra parte, un paso importante hacia la aprobación de la denominada «tarjeta azul», inspirada en la «tarjeta verde» estadounidense para promover la llegada a la UE de personal «altamente calificado».
Para obtener esta credencial los aspirantes deberán cumplir con una serie de requisitos, como tener un diploma universitario de tres años o experiencia profesional de cinco años en un sector, así como asegurarse ganar un salario que represente 50% más del ingreso medio del país en el cual pretenden trabajar.
Ante las críticas por la posible «fuga de cerebros» a la que podría dar lugar esta iniciativa en los países de origen, «los 27» incluirían un artículo que prevé que «los Estados miembros deben abstenerse de buscar la contratación activa en los países en vías de desarrollo en los sectores que sufren carencias de recursos humanos».
«Si se llega a determinar que hay un país que tiene carencia de médicos, no parece razonable que vayamos ahí a contratar todos los médicos que necesitemos», explicó Corbacho.
De todos modos, aún quedan cuestiones por resolver, como la reticencia de los países del Este a la entrada de vigencia de esa iniciativa mientras sigan existiendo restricciones de acceso de sus trabajadores a los mercados laborales de los «viejos» miembros de la UE.
«Hay una reserva emitida por la República Checa que deberá ser trabajada por el Coreper (que reúne a los embajadores de «los 27» en Bruselas)», admitió en ese sentido Hortefeux.
El pacto y la «tarjeta azul» se enmarcan en un paquete de medidas de la UE para controlar mejor sus flujos migratorios. La medida más polémica es la « Directiva Retorno», que armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes ilegales en Europa con períodos de retención de hasta 18 meses.
Esta legislación provocó una reacción de protesta unánime en América latina, la última de ellas manifestada mediante una declaración suscrita por los gobiernos de los once países de Sudamérica el pasado viernes en Montevideo.




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