Sorpresa y alarma en Brasil y la Argentina

El desarrollo de una industria petrolera y gasífera fue posible en Bolivia en los últimos diez años gracias a las inversiones extranjeras. El cambio en el marco legal decidido por Evo Morales amenaza ahora la explotación del principal negocio del país.

La decisión del gobierno de Evo Morales de nacionalizar los hidrocarburos tomó de sorpresa a todas las petroleras que operan en Bolivia. La mayoría de ellas venía manteniendo un diálogo con el gobierno boliviano que no se encaminaba por lo que finalmente se anunció ayer. Se esperaba a lo sumo una salida al estilo Venezuela, que derivó en la reformulación de los contratos integrando a Petróleos de Venezuela (PDVSA) con una participación de 50% en cada área.

«Esto va mucho más allá de lo que hizo Chávez», dijo ayer el representante de una petrolera. Agregó: «Es claramente sorprendente, negativo y con un decidido carácter unilateral, que conduce a que el Estado boliviano tome el control total de la operación».

En otra petrolera se citó un ejemplo de la incongruencia o del «doble o triple discurso» de la administración de Morales: se estaba preparando un acto importante para anunciar una inversión de Transredes por u$s 150 millones para construir un gasoducto que llevaría gas de Andina ( subsidiaria de Repsol YPF) a la zona de El Alto.

Gasoducto

El ejemplo sirve, además, para el otro costado de la situación que quedó planteada. Según un analista, «Transredes, que fue nacionalizada por lo menos parcialmente, ya no va invertir en el gasoducto, y ninguna otra empresa va a invertir, porque se estaría poniendo dinero en el erario boliviano».

El otro hecho sorprendente es que la estrategia de Morales no se apoya aparentemente en nadie. «El anuncio fue formulado frente a un campo de Petrobras, con lo que ni siquiera se buscó preservar la alianza con Petrobras, que es una empresa estatal, y con el gobierno de Lula da Silva.»

Según lo anunciado, porque todavía las petroleras no cuentan con el decreto, las medidas afectarán por igual a todas las empresas que tienen intereses en Bolivia. Las más perjudicadas serían Petrobras, con 47% de las reservas de gas en sus áreas y Empresa Boliviana de Refinación; Repsol YPF, con 23,5% de las reservas de gas y 45% de la producción y comercialización de gas licuado (GLP); y Totalfinaelf, con 15,9%. También están afectadas Pan American Energy, British Gas, Pluspetrol, ExxonMobil y Shell.

Preocupación

Los gobiernos de Brasil y la Argentina también se verán perjudicados -lo que explica la fuerte preocupación que se registró ayer en Buenos Aires y Brasilia- porque el mensaje de Morales es que el Estado boliviano definirá el precio y el volumen de las exportaciones de gas, lo que implicaría un aumento ya en el valor para el próximo invierno, estimándose que habrá novedades antes del próximo 15 sobre este punto.

Por otra parte, la reanimación del proyecto del Gasoducto del Nordeste que se produjo luego de la visita del ministro Julio De Vido a Bolivia el 21 de abril se habría cerrado antes de tomar alguna consistencia. Para que el ducto se concrete, en Bolivia las petroleras deberían desarrollar reservas de gas en un volumen tal que demandaría una inversión de u$s 3.000 millones. Ese desembolso ya entró en vía muerta cuando Bolivia dictó la nueva ley de hidrocarburos y ahora sería directamente imposible.

Las declaraciones de las autoridades bolivianas abren interrogantes sobre el alcance de las medidas anunciadas. En algunos casos, se da a entender que el Estado se quedará con 51% de las áreas, tomando 49% perteneciente a los fondos de pensión y 2% a las petroleras que hoy tienen 51%. Otros dicen que por el período de transición de 6 meses, 82% de los ingresos será para el Estado y 18% para las empresas, mientras por último, se afirma que esto sólo regirá para las áreas San Alberto (Repsol) y Sábalo (Petrobras) de las que se extrae 70% del gas en Bolivia.

«A priori no es una buena noticia», dijo escuetamente un vocero de Repsol YPF en Madrid, luego de conocerse la decisión de Morales. Desde el punto de vista de nuestro país, una consecuencia seria proviene del efecto que la medida podría generar sobre Repsol YPF.

Oferta hostil

No se sabe qué ocurrirá con la acción en lo sucesivo, y una caída significativa, si se dieran de baja los activos en Bolivia, podría derivar en una oferta hostil (OPA) sobre Repsol por parte de cualquier otra petrolera, lo que tendría indudable repercusión en nuestro país.

Bolivia nacionalizó los campos, los recursos que están bajo tierra, la producción que se extraiga, la refinación y la comercialización. A partir de ahora, las operadoras quedan obligadas a entregar en propiedad a YPFBolivia toda la producción. Además, la empresa estatal va a definir volumen y precio para el mercado interno y para la exportación.

En principio, expertos creen que las petroleras permanecerán en Bolivia mientras dure la transición, pero no hay seguridades y todo depende de cómo se vaya planteando el escenario en las próximas semanas.